C.B..MaóEl Consell de Menorca propondrá a los ayuntamientos que le cedan sus competencias en disciplina urbanística sobre suelo rústico para que pueda ejercer un control directo sobre el cumplimiento de las directrices del Plan Territorial Insular (PTI).
La petición tiene su origen en la previsión de la Corporación insular de poner en marcha el gabinete de disciplina urbanística cuya creación contempla precisamente el PTI. Hasta ahora, las competencias en disciplina urbanística residen en los ayuntamientos, por lo que el Consell no tiene capacidad de intervención.
Es por este motivo que la consellera de Ordenación del Territorio, Fina Casals, solicitará personalmente a cada uno de los municipios la cesión de las competencias sobre suelo rústico. Ésta tiene previsto iniciar en breve las entrevistas con los alcaldes y los concejales de urbanismo de cada una de las corporaciones de la Isla para trasladarles la petición y explicarles en qué términos se realizaría tal cesión. Con todo, la propuesta no se definirá hasta que los ayuntamientos no den su visto bueno a la propuesta.
Desde el Consell no aprecian demasiadas dificultades en la operación, para la cual sería suficiente probablemente un acuerdo de pleno favorable a un documento de cesión, informan. La Corporación insular es la encargada de conceder las declaraciones de interés general en suelo rústico, por lo que el departamento de inspección está perfectamente capacitado para asumir el nuevo trabajo, señalan.
De prosperar el acuerdo entre las administraciones locales e insular pasaría a ejercerse un control sobre las actuaciones en suelo rústico desde una perspectiva insular. El GOB denunció el pasado lunes un aumento preocupante de obras dentro de Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), práctica totalmente prohibida en el PTI, al igual que toda vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico.
Precisamente, el grupo ecologista reclamaba la puesta en marcha del gabinete de disciplina urbanística ante el riesgo de que la indefinición provocada por la reciente aprobación del PTI y el funcionamiento todavía a medio gas de las instituciones de la Isla tras las elecciones propiciara una escalada de construcciones ilegales. De las seis obras localizadas en ANEIs, cuatro son construcciones residenciales, una es un desmonte y otra corresponde a la apertura de viales. En su llamada de atención el GOB manifestó echar en falta una apuesta decidida porque la normativa se cumpla.
