EUROPA PRESS.Palma/MadridEl anteproyecto de ley de horarios comerciales, que será aprobado en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, fija un mínimo de ocho festivos de apertura autorizada al año. Una cifra que supera el calendario de festivos pactado por el sector del comercio en Baleares, que estableció cinco festivos de apertura autorizada, y que el sector propondrá renegociar hoy al conseller de Comercio, Jose Joan Cardona.
El secretario general de Afedeco, Àngel Pujol, también anunció que la patronal abogará hoy en la reunión del Consejo de Comercio por la defensa de la Ley balear sobre la normativa que aprobará Madrid. Pujol declaró a Europa Press que la competencia en materia de comercio interior está transferida y, por tanto, la normativa estatal se aplicaría sólo en las comunidades donde no exista regulación propia.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, aseguró ayer, tras reunirse con los consejeros de Comercio de las distintas comunidades, que la nueva normativa de horarios comerciales es "lo suficientemente flexible" para las comunidades autónomas y con una "voluntad claramente autonomista" y de "respeto" a las competencias de las mismas.
El anteproyecto de ley fija en doce días el número mínimo anual de aperturas en domingos y días festivos, aunque permite que las comunidades autónomas puedan incrementar o reducir este número en función de sus necesidades comerciales, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de ocho días al año.
La norma reduce además el horario global de 90 a 72 horas semanales y establece también plena libertad de horarios comerciales para los establecimientos con una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a grupos de distribución.
El titular de Industria señaló que se trata de un anteproyecto "muy de mínimos" que es "necesario" para cubrir una situación "conflictiva, de inseguridad y de transitoriedad" generada por el Real Decreto-ley 6/2000, que fue recurrido por los Parlamentos de Cataluña y Navarra, y los Gobiernos de Cataluña, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón.
Según Montilla, algunas de ellas ya han manifestado su intención de retirar dichos recursos a raíz de la presentación de la nueva normativa, aunque no precisó cuales. "Estoy convencido de que los recursos pueden quedar reducidos sustancialmente", agregó.
