Lola Maiques.MaóMuy sorprendido por la repercusión mediática que ha tenido el asunto de las diferencias de caja de 2003, Arturo Bagur, sostiene que ésta es "una cuestión puramente administrativa con la que el Grupo Popular sólo busca desacreditar al equipo de gobierno".
El alcalde de Maó responde así a las manifestaciones de los populares que han denunciado anomalías en las cuentas de 2003 y un "caos" en la contabilidad del Consistorio mahonés, tras remitir a la Sindicatura de Comptes de las Illes Balears documentación acreditativa de la cuenta M5548-2003, a fin de que este órgano clarifique su situación real.
"No existe ninguna diferencia respecto del total del presupuesto, que está absolutamente justificado, pero sí existen diferencias en la aplicación de algunas partidas", afirma Bagur, para quien la aparición de estas diferencias, "errores de codificación, algo puramente técnico", insiste, es debida a los cambios introducidos con la llegada del nuevo interventor en 2003.
En este sentido, el alcalde mahonés sale en defensa de los trabajadores del área económica, del interventor y de la tesorera, "pueden cometer errores, pero sólo eso, y no es cuestión de abrir un expediente por un error", manifiesta. Bagur reconoce que el informe del interventor es claro en cuanto a la existencia de problemas contables, "pero no falta dinero, porque en ese caso hubiésemos exigido responsabilidades", afirma categórico.
Trámites
Para el máximo representante municipal, la aparición de esta información responde a una "estrategia puramente administrativista del PP, que cada día nos piden 15 o 20 documentos, lo que supone un sistema absolutamente antidemocrático de funcionar".
Según Bagur, la Cuenta General de 2003 y su documentación adjunta han pasado por una Comisión de Cuentas del Ayuntamiento de Maó, antes de ser remitidas a la SCIB y al Tribunal de Cuentas, lo que garantiza una total transparencia.
"Si el Grupo Popular tiene alguna duda, o no entiende la documentación, sólo tenía que haber solicitado una comisión informativa, en la que el interventor hubiera explicado lo que no les quedase claro", sostiene Bagur, para quien el grupo de Lafuente crea, con esta forma de actuar, "una situación de alarma injustificada".