Maó

Justicia y Ayuntamiento agilizan el proceso para unir los juzgados

Juzgado número 3. Antoni Terrasa visitó ayer las dependencias de Vassallo acompañado de Joana Barceló y Javier Tejero

El presidente del TSJIB, el alcalde de la ciudad y la subdirectora general de Obras y Patrimonio del Ministerio se reunirán mañana para analizar el estudio de detalle del proyecto de nueva planta

M.J.F..Maó

Mañana está prevista una reunión en Maó entre el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), Antoni Terrasa, el alcalde del municipio, Arturo Bagur, y la subdirectora general de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia, Marta García Nart, para analizar el estudio de detalle encargado por el Ayuntamiento para la construcción de la futura sede judicial en el solar de 3.500 metros cuadrados ubicado junto a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 1 y 2.

El pleno del Ayuntamiento, tras aprobar hace meses la cesión de los terrenos a Justicia, ratificó el 28 de julio por unanimidad la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a la zona de la Sínia de Santa Eulàlia, detrás de la Avenida Fort de l´Eau, donde se encuentra el solar que albergará en un futuro los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Maó y el Juzgado de lo Penal, situado en el Polígono Industrial.

El presidente del TSJIB, de viaje oficial ayer en Menorca, fue quien anunció el encuentro de mañana. Aunque no avanzó más detalles de la negociación, aludió a la necesidad de reubicar y concentrar en un solo edificio la estructura judicial del municipio que calificó de "claramente insuficiente". Terrasa hizo estas declaraciones al término de la visita que hizo acompañado de la presidenta del Consell, Joana Barceló, y del director insular de la Administración General del Estado, Javier Tejero, a las instalaciones de la calle Vassallo, donde desde el pasado 1 de enero se encuentra el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Maó, creado a finales de 2005.

Antoni Terrasa incidió en la provisionalidad de esta ubicación, que fue cedida por un año por el Consell de Menorca, y anunció contactos para un posible traslado al edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la calle Bisbe Goñalons, una vez que las dependencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pasen a ocupar unos bajos de la plaza de la Biosfera, en Malbúger. "En principio, se ubicaría allí el Juzgado número 3", aunque también de forma provisional hasta la construcción de la futura sede de unos 2.400 metros cuadrados en la Sínia de Santa Eulàlia.

Por otra parte, Terrasa y Barceló valoraron la eficacia administrativa que permitió la puesta en marcha a inicios de año de las oficinas de Vassallo. "Era importante aprovechar los recursos económicos destinados a este fin", indicó la presidenta de Menorca. Por su parte, Terrasa señaló que el tercer juzgado ha contribuido "a rebajar la carga de los números 1 y 2 en materia de asuntos civiles" ya que, según indicó, "los asuntos penales bajaron en Maó un 2,35 por ciento entre 2004 y 2005".

En cuanto a Ciutadella, Antoni Terrasa consideró que "está en la misma situación" que Maó y explicó que el Ministerio de Justicia "está pendiente" de que el Ayuntamiento resuelva la recalificación del solar de 3.600 metros cuadrados de la zona de Santa Rita que propuso para ubicar la futura sede judicial.

Un servicio judicial necesario

.Antoni Terrasa reconoció ayer que "hay inquietud" para que se cree en Maó un Juzgado de lo Contencioso Administrativo aunque señaló que existen dificultades para su creación "derivadas de la Ley de Planta Judicial", normativa que regula las instalaciones que corresponden a cada demarcación. "Se tendrá que estudiar una modificación para implantar este juzgado que respondería sólo a un problema de multiinsularidad, no de sobrecarga", puntualizó. En la actualidad, los menorquines que optan por esta vía están obligados a desplazarse a Palma. El decano de los Juzgados de Maó, Bartomeu Mesquida, ya reclamó en 2005 la necesidad de implantar este servicio judicial en la Isla. Por otra parte, Terrasa advirtió de que con la transferencia de las competencias de Justicia al Govern, "el nivel de exigencia ciudadana respecto a la Administración aumentará" e incidió, además, en que el acercamiento hará que "la respuesta sea más correcta". Por último, valoró la inclusión en los Presupuestos del Estado de una partida para el Centro de Inserción. "Era muy necesario para el cumplimiento de penas de corta duración y para evitar el traslado entre islas", explicó.