M. Vives.PalmaEl Parlament balear aprobará, previsiblemente, mañana, la Ley integral de Atención y Derechos del Menor, que regula las actuaciones a adoptar por las administraciones públicas en materia de prevención, protección y ejecución de medidas relacionadas con este colectivo.
En su exposición de motivos, el Govern considera que esta normativa, presentada en mayo, será "un instrumento útil para mejorar las condiciones de vida de los menores y, especialmente, de aquellos más necesitados de protección social y jurídica".
La ley se basa, entre otra legislación anterior, en el artículo 39 de la Constitución española y se divide en ocho títulos y ocho disposiciones. Entre otras cosas establece una serie de prohibiciones respecto de actividades que pueden suponer "un atentado contra los derechos de los que son titulares los menores". Por ejemplo se regula la emisión de los contenidos televisivos en franjas horarias destinadas a un público infantil y no se permite el uso de menores para anunciar productos, bienes y servicios que les estén prohibidos.
Este tipo de infracciones son consideradas graves; la ley contempla un régimen de sanciones, según el grado de incumplimiento de la norma. En cualquier caso, las multas irán de los 3.000 a los 600.000 euros y, además, podrá dictarse orden de cierre total o parcial del centro de protección infractor, prohibición de financiación pública de hasta cinco años e inhabilitación de funciones y actividades en el sector por un tiempo similar.
Por otra parte, la Ley del Menor determina las obligaciones impuestas a las administraciones públicas de Balears, como el desarrollo de programas de prevención de situaciones de maltrato físico o psíquico y abusos sexuales y de "cualquier situación que pueda interpretarse como explotación de menores".
Organización
El título VI de la legislación regula la organización institucional, a través de tres órganos; el Síndic de Greuges, el Consejo de Infancia y Familia con funciones de consulta y debate y la Comisión Interinsular de Protección de Menores que fijará criterios de aplicación de la normativa vigente y evaluará las estrategias en protección de menores.
Por otra parte, el Govern deberá aprobar, durante el primer año de cada legislatura, un plan integral de atención a la infancia, para "implementar programas y acciones que den respuesta a las necesidades de los menores". Otra de las funciones del Ejecutivo regional es la ejecución de las medidas judiciales en relación a los menores y la provisión de los recursos materiales y personales necesarios para la ejecución de dichas medidas por parte de los consells.
