El Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago, la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca, a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas, siempre que se trate de la primera vivienda.

Además, los bancos podrán incluir como “gasto fiscalmente deducible” las pérdidas derivadas de las medidas contempladas en el ‘Código de Buenas Prácticas’ que el Ejecutivo promoverá entre las entidades y que permitirá que se aplique la normativa a estas familias. La iniciativa ha sido anunciada este miércoles por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que ha precisado que se enmarca dentro de una serie de medidas recogidas en un ‘Código de Buenas Prácticas’ y reformas de carácter legal.

“La dación en pago debe ser una excepción, pero la triste realidad es que algunas viviendas que entregan las familias es el único activo que tienen”, aseguró el ministro en el Congreso en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela 0, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras.

“El Gobierno es muy sensible a la situación que ha generado la percepción social del gran número de ejecuciones hipotecarias”, defendió De Guindos ante la acusación del diputado de la Izquierda Plural de que el Gobierno “permanece impasible”.

Desalojo
En este contexto, De Guindos adelantó que el Ejecutivo propondrá que al menos durante dos años estas familias puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo. En concreto, este periodo “prudencial” podría ser también prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerado “justo”.

Para considerar a estas familias dentro de lo que De Guindos definió como “umbral de exclusión”, la dación en pago se permitiría si se condiciona a que se trate de la primera vivienda y a que las familias no cuenten con rentas y patrimonio adicionales.

Intereses
Para este mismo colectivo considerado por el Gobierno en el “umbral de exclusión”, el ministró también propuso atenuar los intereses de demora, pues admitió que éstos son “abusivos” y existe margen legal para flexibilizarlos.