Los responsables del aparthotel Pueblo Menorquín de Son Xoriguer han interpuesto un contencioso-administrativo contra el Consell y el Ayuntamiento de Ciutadella por denegarles la posibilidad de convertir el actual establecimiento turístico en un edificio para uso residencial dividido en 53 apartamentos. Los propietarios se amparan en el hecho de que el suelo sobre el que se edifica el complejo turístico posibilita también el uso residencial plurifamiliar, y en base a esta premisa iniciaron en 2006 el proceso legal.
Los propietarios inscribieron en el Registro de la Propiedad la división horizontal de la finca, y posteriormente se dirigieron al Consell para solicitar las cédulas de habitabilidad.
A la par, los responsables de la iniciativa se dirigieron también al Ayuntamiento de Ciutadella para solicitar el cambio de uso del edificio, para pasar a vivienda plurifamiliar. De las dos administraciones recibieron respuestas negativas tras un largo silencio, lo que motivó la presentación del recurso contencioso-administrativo.

En el fondo de esta historia subyace el debate sobre si las plazas turísticas pueden reconvertirse en residenciales. Los responsables del Pueblo Menorquín entienden que sí, y que en su caso el Plan Territorial Insular no les impide la reconversión. Así, el representantes de los propietarios, Pedro Pons Morales, asegura que ninguno de los dos artículos esgrimidos por el Consell para justificar su negativa a la reconversión prohíben taxativamente el cambio. “Técnicamente están obligados a conceder la licencia para el cambio de uso, y en el terreno político no entiendo por qué tiene que impedirse el cambio si el mercado turístico no funciona como antes y hay que evolucionar”, asegura Pons.

Por su parte, el conseller de Ordenació del Territori, Joan Marquès, asegura que confía en la “solvencia de la decisión jurídica adoptada”, y además refuerza su negativa a la adaptación “en pro del interés general”. Así, Marquès explica que “el modelo turístico que emana del PTI promulga que las zonas turísticas no deben convertirse en zonas residenciales estructuradas en apartamentos. Además, si elimináramos plazas hoteleras de una zona nos veríamos obligados a habilitar más territorio para otras infraestructuras turísticas que evitaran la pérdida de fuerza turística de nuestra Isla”.

RECONVERSIÓN DE FACTO
Un argumento que Pedro Pons Morales rebate asegurando que lo que los responsables de Pueblo Menorquín solicitan por la vía legal ya se produce en otros casos sin que se cuente con los permisos oportunos. “Hay numerosos complejos que ya tienen uso residencial de facto sin haber tramitado el permiso. Eso va a crear en unos años una situación similar a la de los hortales de Ciutadella, que ahora son un problema después de que durante mucho tiempo nadie hiciera nada para evitarlo”, comenta. Además, Pons Morales entiende que si no se facilita la conversión dentro de la ley, esta se produce fuera del marco legal y acaba generando indefensión en ciertos usuarios. “Cuando un Ayuntamiento aprueba un cambio de uso tiene que comprobar que las instalaciones están en condiciones, y entonces quien compra sabe que lo que adquiere cumple unos requisitos. En cambio, si el Consistorio no aprueba este cambio de uso, los promotores optan por vender igual, pero en este caso el comprador no cuenta con la garantía de una revisión de la Administración”, explica el abogado.

Joan Marquès entiende que los complejos de apartamentos o aparthoteles sí deben afrontar un proceso de reconversión, pero no precisamente para destinarse a un uso residencial, sino para adaptar la oferta a los parámetros de calidad que exige el actual mercado turístico. “Ha habido otros empresarios similares que han aprovechado iniciativas como el Plan Renove para actualizar sus infraestructuras, y ese es el criterio general que debe seguirse. Las plazas turísticas ubicadas en las urbanizaciones deben, creo, reconvertirse haciendo uso de los instrumentos que tienen a su alcance para mantener una oferta turística de calidad”, explica el conseller.

Y es que Marquès apunta que si en una urbanización se permitiera un elevado uso residencial se estaría trastocando el modelo turístico menorquín, y no solamente eso, sino que también se afectaría, dice, otros servicios. “El mantenimiento que necesita una zona residencial es muy diferente al que requiere una zona turística, y eso hay que tenerlo en cuenta”.