Cala Llonga. Proliferan los inmuebles que se ofrecen a turistas en el mercado de alquiler a través de internet - Archivo

Es Grau: se alquila casa de lujo de 100 metros cuadrados, con tres habitaciones, seis camas, un baño y un aseo, dotada de piscina, jardín y terraza exterior. El precio, según el momento de la temporada, oscila entre los 598 euros por una semana, si se realiza entre el 5 de marzo y el 2 de abril, y de 1.599 euros semanales, si se realiza entre el 4 de julio y el 4 de septiembre, en los meses fuertes del verano.

Entre las actividades de ocio que se proponen, la observación de aves, buscar conchas en la playa o el jet-esquí. El pago, en la moneda de la cotización, a no ser que el inquilino y el propietario-anunciante acuerden antes realizar la transacción en otro tipo de divisa. Es sólo uno de los múltiples ejemplos que pueden buscarse en alguno de los abundantísimos portales web dedicados a la comercialización de viviendas turísticas. En otras zonas de suelo urbano de Maó como Cala Llonga o Sa Mesquida, las ofertas de este tipo proliferan por doquier.

En otro de los portales escogidos al alzar, topamos con el siguiente reclamo: “Agosto: últimos días libres. Preciosa casita en primera línea de mar con vistas espectaculares, ubicada en un encantador paraje, en Sa Mesquida, lugar de pescadores y bañistas, fuera del turismo convencional”. Los precios: entre 70 y 125 euros por día, y la estancia mínima, dos días.

En Cala Llonga, los casos como éste proliferan. En otra página web se ofrece la oportunidad de disfrutar de una “fantástica” villa, “moderna y lujosa”, de 600 metros cuadrados de jardín y 200 metros cuadrados de terraza, “en la mejor zona residencial perteneciente a Mahón”. La portentosa vivienda asegura a sus afortunados inquilinos un “acceso directo a puerto privado” y “vistas espectaculares”, “en un entorno de ensueño”. Las tarifas, exhibidas en el portal con todo lujo de detalles, varían entre los 2.000 euros por semana si el alquiler se realiza entre el 5 de abril y el 31 de mayo, y  los 3.500 euros semanales que se exigen entre el 17 de julio y el 20 de agosto. Las facilidades son máximas, incluyendo la limpieza y el cambio de ropa de cama. Sólo se exige a los clientes que aparquen sus mascotas en sus domicilios hasta la vuelta de las vacaciones.

La particularidad de todos estos casos, que, por otro lado, abundan a lo largo y ancho de toda la costa menorquina, es que las viviendas que se comercializan a través de estos portales se encuentran en áreas de suelo urbano a las que el PTI ha dejado fuera de la consideración de zonas turísticas. Se trata de áreas geográficas con un marcado destino residencial, que no admiten la convivencia de los dos usos.

La Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) asegura tener constancia de estos hechos, y confirma que la comercialización, con fines turísticos, de chalés y viviendas en estas zonas de Maó, a través del soporte de portales y páginas web, es ilegal a todas luces. Los chalés se comercializan además, asegura la patronal hotelera, sin disponer de la correspondiente licencia de apertura y sin estar dados de alta como viviendas turísticas vacacionales.

El alcalde de Maó, Vicenç Tur, confiesa que conoce la situación, aunque admite también que se trata de una realidad difícil de atajar. Uno de los ejemplos más claros lo ofrece la urbanización de Cala Llonga, que quedó excluida de las zonas turísticas en el Pla Territorial de Menorca, obedeciendo al deseo expreso del equipo de gobierno municipal y de los propios residentes, de preservar el uso residencial y de evitar la construcción de nuevos complejos turísticos en la zona. A día de hoy, la urbanización de S’Altra Banda del puerto de Maó cuenta, de hecho, con un único establecimiento hotelero, el aparthotel Cala Llonga, de 30 habitaciones, propiedad de la cadena hotelera HG Hoteles.

El alcalde admite que la actividad turística vinculada al uso residencial en esta urbanización “no está permitida”, si bien insiste en que “es difícil actuar contra este tipo de hechos”. “En el caso de Cala Llonga, habría que ver –apunta–qué número exacto de viviendas se comercializan con fines de alquiler vacacional, ya que la gran mayoría de casas son primeras residencias”. Tur, que fue director insular de Ordenación del Territorio poco después de aprobarse el PTI, añadió, sin embargo, que los residentes de Cala Llonga “tienen muy claro que las viviendas de la zona tienen un uso urbano y residencial”.