SON QUIM. El caso está siendo investigado por una comisión - Archivo

El diputado Josep Carretero, en representación de Carretero Comella SL. anuncia que la sociedad renunciará a la tramitación del expediente de Son Quim, a la licencia solicitada y a la declaración de interés general. Los promotores afirman haber tomado esta decisión al sentirse sometidos "a una persecución inquisitorial por parte de miembros de la propia administración, que tanta incompetencia ha demostrado" y perjudicados "por todas las acusaciones recibidas acompañadas de insultos, calumnias, mentiras, injurias y manipulaciones".Carretero puntualiza que es coadministrador de la sociedad en la que tiene un 10 por ciento de capital social, lo que considera una participación minoritaria. El diputado señala que su única responsabilidad en Son Quim "ha sido la de tramitar en 2004 ante el Ayuntamiento de Ciutadella una simple ampliación de actividad. Se trataba de una actividad ya existente y con licencia, ubicada en suelo rústico, pero en una construcción existente y también con licencia", recuerda.

Indica que como coadministrador presentó ante el Ayuntamiento "toda la documentación que me había solicitado la TAG, quien también aseguró que se trataba de un expediente sencillo que se resolvería en 15 días".

El diputado añade que tras un largo periodo, "la época de los Casasnovas, de los ahora mixtos y de la insigne crack de las finanzas (en referencia a Antònia Gener)", en el que no se tramitó el expediente "determinaron que se debía tramitar a través del interés general y lo remitieron al Consell". Carretero asegura que él nunca solicitó el interés general. La sociedad argumenta que llevaba casi cinco años esperando respuesta de la Administración, "cuando tras el cambio de gobierno, la nueva alcaldesa me comunica que la administración resolvía reclamando 20.000 euros por la licencia".

Al recibir la notificación del pago del aprovechamiento atípico, los promotores consideraron que no se ajustaba a derecho y recurrieron la resolución de alcaldía. En este sentido, asegura que la instancia se presentó en tiempo y forma, y añade que "supongo que no se nos niega el derecho, como tiene cualquier otro ciudadano".
Finalmente, tras la decisión adoptada, Carretero concluye que "sólo nos queda instar a la Administración a que la próxima vez sea un pelín más diligente" y por otra parte que si en otra solicitan algo "se resuelva el expediente en un plazo mínimamente razonable".