Ocho años de aplicación de la declaración de servicio público y el incremento del descuento por residencia del 33 al 50 por ciento no han servido para reducir el precio de un billete entre Menorca y Palma. Los Ejecutivos de las dos últimas legislaturas, las de Jaume Matas y Francesc Antich, no han sido capaces de corregir los defectos del servicio público, que entró en vigor el 21 de noviembre de 2003. Y eso que los errores fueron pronosticados por el equipo de gobierno del Consell que encabezaba Joana Barceló. El Gobierno de Madrid, presidido por Aznar, impuso una tarifa de referencia para los vuelos de Maó a Palma de 72 euros por trayecto, sin incluir el descuento de residente que era del 33 por ciento, mientras que el Consell alegó para que la tarifa fuera de 58 euros. Han pasado 8 años, se ha incrementado el porcentaje del descuento, y la situación sigue prácticamente igual, con matices en las posiciones políticas. El PP entonces justificó la posición de Madrid y ahora opta por un precio fijo por billete. En este momento, los dos partidos mayoritarios coinciden en reclamar una “tarifa plana”, que podría situarse alrededor de los 30 euros, con todos los descuentos aplicados.

La comparativa con Canarias sigue siendo válida. El trayecto entre Tenerife Norte y La Palma, el más parecido al interinsular, cuesta un 33 por ciento menos. El éxito de Canarias se debe al precio inicial establecido en su declaración de obligación de servicio público (OSP).

Otra evidencia del precio tan elevado que pagamos los menorquines por viajar a Palma es que Air Berlin cuando ha operado en esta ruta ha aplicado unas tarifas mucho más elevadas que otras de la misma compañía en rutas que no tienen la OSP, es decir se ha beneficiado de la tarifa de referencia de Air Nostrum.

El precio del combustible que  a menudo ha sido el argumento de Air Nostrum para reclamar a  la comisión mixta de la Dirección General de Aviación Civil un incremento de precios tiene una repercusión muy moderada sobre el coste de los vuelos. Se calcula que el combustible representa alrededor de un 8 por ciento de ese coste. Una subida del petróleo tendría, por tanto, una incidencia mínima.

En 2003, las alegaciones que presentó el equipo de gobierno del Consell a la declaración de servicio público no sólo pretendían la reducción de la tarifa de referencia, sino que la OSP se ampliara a los vuelos con Barcelona y Madrid. El Gobierno desestimó las alegaciones. Con el tiempo, la carísima tarifa inicial ha desprestigiado la declaración de servicio público, aunque el actual Govern la sigue defendiendo. Sin embargo, Govern y Consell no han compartido el mismo criterio. Joana Amengual, la directora general de transporte aéreo, visitó Aviación Civil el 9 de junio de 2009 y reclamó la OSP para los vuelos entre Menorca y la Península. Pocos días después, fue Marc Pons quien viajó a Madrid para decir que el servicio público no interesaba por la experiencia acumulada.