No son buenos tiempos para las administraciones públicas, pero sí lo es para la política, porque quizás la crisis mejore la imagen de este oficio. Ser conseller de Administraciones Públicas puede parecer un puesto más apto para un gestor que para un político.

Sin embargo, Simón Gornés Hachero, el único menorquín en el equipo de Bauzá, se enfrenta a retos que no se pueden afrontar solo desde la técnica, sino que hace falta visión política: a corto plazo, para pagar las deudas; a medio, para modificar legislaciones que ahora encienden conflictos que habrá que apagar; y a largo plazo, para ver hasta dónde llega la reforma pendiente de la administración.

Usted tiene pluriempleo, conseller, concejal y presidente del PP de Maó. ¿Cómo lo lleva?
Es cuestión de organización. Me exige mucha implicación y muchas horas. Cuento con un buen equipo en todos lados. La alcaldesa, como secretaria general del partido, lleva un peso importante de la organización.

¿Cuántas horas trabaja al día?
Mi jornada en Palma es de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hay muchos políticos que trabajan mucho, aunque a veces no se vea.

¿Piensa renunciar a alguno de sus cargos?
Una de las condiciones que puse al presidente Bauzá para ser conseller es que no quería renunciar a mi cargo de concejal porque es un compromiso adquirido con anterioridad con la alcaldesa y con los ciudadanos de Maó. Si la alcaldesa o yo vemos que no llego ya se plantearía lo que haga falta.

Hace unos días tuvo el primer contacto con Ana Pastor, ministra de Fomento. Una de las cuestiones fue reivindicar las mejoras para el transporte aéreo. Más allá de la declaración de servicio público de los vuelos con la Península, que es una medida preventiva, ¿cree que las reclamaciones que costarían dinero al Estado tienen posibilidades de prosperar?
La ministra todavía no tienen nombrado a todo su equipo. Es un primer contacto. Le entregamos la documentación de los convenios. Es cierto que el transporte aéreo fue uno de los temas importantes. La ministra reconoció que hace falta una postura conjunta para encontrar soluciones y Carlos Delgado insistió sobre todo con la situación de Menorca. Ella tiene una enorme experiencia en materia de administraciones públicas y estoy convencido de que es capaz de encontrar el camino de las soluciones. Todo el Govern es consciente del problema. De hacerlo ver así se ha encargado el presidente del Consell.

¿Hay dinero para mejorar el transporte aéreo?
La ministra ya nos dijo que 2012 es un año muy difícil. El déficit es enorme. El presupuesto no está aprobado. Se refirió a la gran cantidad de dinero que paga el Estado por el descuento de residente y se preguntó como eso no sirve para dar respuesta a la problemática. Yo confío. El subsecretario de Fomento también conoce muy bien la problemática.

¿Cree que el importe del descuento de residente se podrá distribuir de otra forma, que Mallorca renuncie a una parte para beneficiar a las islas menores?
Es uno de los planteamientos del presidente del Consell. Esta opción se está estudiando en la Conselleria. Podría ser una forma justa de desatascar el tema. De todas formas, hay que responder por qué Menorca no resulta más atractiva a las compañías aéreas. ¿Hay un motivo económico?. Esta claro que no podemos volver a fallar.

Madrid tiene comprometidos con Menorca 54 millones de fondos estatutarios de 2009 y 2010. ¿Llegará este dinero?
Lo que puedo asegurar es que existe la voluntad de cumplir con la palabra dada y con todo lo que esté correctamente tramitado y documentado. Los expedientes que no tengan consignación presupuestaria tendrá una dificultad añadida. Hay que dar un poco de tiempo al nuevo Gobierno para profundizar en los temas. Yo he visto buena disposición.

Los 7 millones de S’Enclusa ¿dónde están en Madrid o en Palma?
No lo sé.

¿Pero se van a invertir?
Me consta que el presidente del Consell y el alcalde de Ferreries están trabajando con el Govern para estudiar el proyecto y si es necesario redimensionarlo.

¿Quiere decir que la caja única de la administración ha permitido que dinero de partidas finalistas se ha gastado en otras cosas?
Hay dinero del convenio con Fomento que el anterior Govern utilizó para pagar las nóminas de Ferrocarriles.

¿Eso no sucede ahora?
Al ver la situación nosotros decidimos parar las obras. El convenio afectado era de fondos estatutarios e incluía las balsas de Eivissa, el parque de Es Trenc y algo del puerto de Ciutadella.

En el caso de que se encuentre el dinero, ¿usted es partidario de llevar a cabo el proyecto de S’Enclusa o lo destinaría a otras prioridades?
Han de respetar todas las opiniones. Es verdad que ha habido un cierto debate sobre el atractivo turístico de un proyecto como el de S’Enclusa. Creo que si los fondos estaban destinados a crear producto turístico habría que haber pensado qué propuesta era más adecuada para este objetivo.

¿Que instrucción le ha dado a usted el presidente sobre las inversiones públicas? Parece como si la recomendación sea que no se comprometan a nada.
El presidente nos ha dicho que no podemos adquirir compromiso alguno de algo que no tenga una partida presupuestaria consignada. Hay que reducir el déficit y la forma es ceñirnos estrictamente al presupuesto.

El Consell tiene poca capacidad de generar ingresos. La dependencia del Govern es absoluta y éste tiene una deuda que algunos cifran en 30 millones de euros. ¿Cómo va a pagar el Govern ese dinero, cuya carencia está asfixiando al Consell?
Me consta que se han mantenido infinidad de reuniones de Santiago Tadeo con el vicepresidente económico, José Ignacio Aguiló, para elaborar un cuadro de prioridades para las aportaciones regulares y las que haya pendientes para reducir esa deuda.

Están surgiendo voces, y no solo las de la oposición, reclamando que el Consell tenga una actitud más reivindicativa ante el Govern.
Le puedo asegurar que el presidente del Consell insiste al máximo en todo lo que se refiere a Menorca, pero el problema no es de actitud sino el handicap insuperable de la situación económica de la administración autonómica. La voz de Menorca se escucha clara y fuerte y se atiende como toca.

Una de las víctimas de estos ajustes es la feria internacional de bisutería de Palma, que se va a Catalunya.
La falta de liquidez del Govern ha obligado a tomar decisiones difíciles.

Tampoco hay dinero para las entidades culturales y usted conoce muy bien la importancia de esta actividad. ¿Qué deben hacer estos colectivos de voluntarios culturales? ¿Esperar a que pase la tormenta o aprender a vivir sin subvenciones del Govern?
Estamos entrando en un nuevo ciclo, porque no hay recursos. Por eso se pide a todos los colectivos privados que recurran a sus propios recursos para sus actividades. Al Govern le corresponde destinar lo poco que tiene a lo más básico y prioritario. No hay dinero para todos. La colaboración puede ser posible en el futuro. Pero es cierto que hay gente que opina que estamos ante un cambio de modelo para entender las relaciones entre la administración y las entidades en cuanto a la cultura de la subvención. Estamos a medio camino.

El Govern ha decidido no contratar a más interinos y a evitar las horas extras. ¿Hasta cuándo?
El plan de estabilidad presupuestaria tiene la previsión de que estas medidas de reducción del déficit se apliquen hasta diciembre de 2012. Veremos la situación en ese momento. Hoy es difícil pronosticar si podrán levantarse estas medidas, que ahora realmente son eficaces.

¿El plan estratégico de la Función Pública que usted ha presentado también significará una reducción de costes en materia de personal?
Estudiamos que no se dupliquen las funciones en las diferentes administraciones. Optimizar los puestos de trabajo. Y de eso existen muchos casos.

¿Hasta qué punto se despilfarró en la gestión del anterior Govern?
No soy partidario de polemizar con este tema, sin embargo tengo que decir que la gestión anterior ha sido irresponsable por la dejadez. Estoy convencido que detectaron muchos de los problemas que hemos visto nosotros y no actuaron. Sabían que no podían aprobar un presupuesto, sabían dónde se generaba un déficit y no se hizo nada. ¿Por qué no se acometió, aunque se prometió, la remodelación de las empresas públicas y de los consorcios?. ¿Por qué no se puso orden en los alquileres de múltiples locales de la Comunidad Autónoma?

Póngame algún ejemplo sobre lo que dice.
Hablaré de mi Conselleria. Un caso es la adquisición y remodelación de un edificio, que cuando termine de pagar todos los créditos habrá costado 8 millones de euros, para conseguir espacio para 30 puestos de trabajo, en Palau Reial 14. Es cierto que es un edificio emblemático, pero el coste me parece un disparate. Es uno de los edificios que estamos estudiando poner a la venta.

En Menorca se han producido situaciones similares.
También me llamó mucho la atención que en un local del SOIB de Ciutadella se pagara un alquiler de más de 3.000 euros durante más de un año y medio y que no llegara a utilizarse.

El Govern tiene muy preocupado al personal interino. En Educación, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la gran cantidad de profesores interinos?
La instrucción que yo tengo del presidente es facilitar la contratación del personal de educación y salud para que no disminuya la calidad. Todas las contrataciones necesitan el informe de nuestra Conselleria. Todos los contratos que sean esenciales y que se disponga de dinero para cubrirlos se van a llevar a cabo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propone que la mala gestión pública pueda ser perseguida por la vía penal. ¿Qué le parece?
En genérico, suena bien, pero hay que ver el detalle. Creo que se trata de establecer medidas en que el gestor público vea que si adopta decisiones que no cuenten con presupuesto tendrá consecuencias. Hasta ahora no las ha tenido. Es evidente que este aspecto es una de las causas de la mala imagen de los políticos. Prometer cosas que no se pueden llevar a cabo o hacerlas y después que pague el que venga detrás es lo que no puede admitirse.

¿Tantos compromisos hay del anterior Govern que no se han cumplido?
Estoy cansado de recibir llamadas reclamando. Por ejemplo de Joventuts Musicals de Maó, que se les contrató para el concierto de la Diada del 1 de marzo de 2011 y no han cobrado porque el dinero, 11.000 euros, no existe.

La ley no permite que una norma nueva tenga efectos retroactivos, pero ¿cree usted que hay que investigar la gestión económica anterior?
Hay que ser cautos, pero entiendo la idea del ministro. El caos con que nos hemos encontrado y que también se encontrarán en Madrid es impresionante.

¿Qué siente cuando ve a Jaume Matas en el banquillo?
Siento pena.

¿Ha aprendido alguna lección su partido de este caso?
Que no todo se puede hacer de forma precipitada y que no todo vale en política. Hay que dejar que la Justicia haga su trabajo y que cada uno asuma las responsabilidades. Quiero ser prudente porque he tenido compañeros alcaldes y diputados sentados en el banquillo, que han pasado un calvario y que después han sido declarados inocentes, como en el caso Caballistas. Y un ejemplo más reciente es el de Francisco Camps. El juicio mediático me produce tristeza, al ver después en lo que quedan algunos procesos.

¿Cree que la política se hace hoy en los juzgados?
Yo he tenido la sensación que en el anterior legislatura se hacía política al imputar a determinadas personas.

¿Se utilizaban recursos del Estado, como la Fiscalía General, para objetivos políticos?
Esto yo no lo afirmo. Ahora bien, es cierto que mucha gente de nuestra formación política ha tenido la sensación de que existía una persecución por parte del anterior Gobierno.

¿Cree que el nuevo fiscal general debería actuar con relación a la gestión de los anteriores responsables públicos?
Siempre que los nuevos gestores encontremos algo que se considere irregular hay que llevarlo a la Fiscalía, como ha hecho el conseller Carlos Delgado hace unos días. Yo he dado instrucciones a mis colaboradores en el sentido de que aquí no se persigue a nadie, no vamos a la caza de nadie, pero si hay un expediente en que se detecte alguna irregularidad que pueda implicar responsabilidades hay que comunicarlo.

Uno de los grandes temas pendientes es la reforma de la administración pública. ¿Cuál es su visión como conseller de hacia dónde hay que orientar esta reforma?
La administración pública debe entenderse como un servicio al ciudadano. Hay que detectar cuáles son las necesidades del ciudadano. Todo pasa por delimitar muy bien las competencias de cada una de las administraciones. Hay que llegar a un nuevo pacto local, el último caducó en 2010. En el Consell de Govern del pasado viernes se aprobó la propuesta de impulsar la firma de un nuevo pacto local. Delimitar las competencias que afectan a los ayuntamientos, a los consells y al Govern. Se ha avanzado en materia educativa, pero hay muchas otras vertientes.

Menorca con ocho Ayuntamientos y un Consell ¿es un modelo revisable?
La Isla, por su dimensión, permitiría una nueva visión general de la administración pública. Hay ayuntamientos que sufren mucho y otros no tanto. El Consell tiene un potencial enorme, delimitando muy bien las competencias con relación a los ayuntamientos. Se ha explotado poco la asociación de municipios y mancomunar servicios. El Consell podría ser el catalizador. Hay que caminar hacia la unión de esfuerzos para afrontar los nuevos retos.

El presidente del Consell hizo un discurso menorquinista por Sant Antoni, pero ¿tiene que esperar para tener más competencias o es un proceso que hay que impulsar?
El Consell debe pretender las competencias que ayuden a dar un mejor servicio a los ciudadanos. Hay que repensar esta cuestión. ¿Quién da mejor servicio? Además solo puede aceptar una competencia si viene dotada de recursos y no implica un incremento del déficit. Por ejemplo, el Govern negocia la transferencia de Justicia del Estado, pero para otras comunidades autónomas ha representado un déficit enorme hasta el punto que algunas se plantean devolverla a la administración central. No importa tanto quién da el servicio sino cómo se da. La situación económica no ayuda a dotar bien las transferencias. De todas formas, esta semana me reuniré con el ministro de Justifica, Ruiz Gallardón, y vamos a analizar este tema.

La reforma de la Ley de la Función Pública plantea que los ayuntamientos puedan decidir que el topónimo en castellano pueda también ser oficial. ¿Es una reforma a medida para resolver la cuestión de Maó?
Lo que proponemos es que todos los nombres de los municipios deben ser en catalán. Aquellos municipios que acuerden que el nombre en castellano sea cooficial que pueda serlo. No hacemos otra cosa que adaptarnos a la Ley de Régimen Local.

Personalmente, ¿cómo le gustaría que quedara el topónimo de Maó?
Creo que hay una mayoría muy amplia y silenciosa que acepta que cuando se escribe en castellano sea Mahón y cuando es en catalán sea Maó. Mi opinión personal no tiene importancia. A mi me gusta la historia. Escribo en catalán sin problemas.

¿Sorprendido por la protesta que se ha creado con relación a que el catalán sea un mérito y no un requisito para acceder a un empleo público?
Me ha sorprendido la agresividad de algunos colectivos hacia personas de instituciones gobernadas por el PP. Forma parte de nuestro programa electoral. Nunca se escondió esta intención. Es una medida que el presidente tiene muy claro que ha de adoptarse.

Es una medida que en su propio partido no es unánime. Antonio Pastor, alcalde de Manacor, es un ejemplo. Y parece que Gabriel Cañellas y Joan Huguet tampoco son partidarios de animar el conflicto lingüístico. El sector regionalista del PP parece que se desmarca.
A lo mejor estas voces debían haber salido antes de elaborar el programa electoral. Ahora no estarían en contradicción. Tengo una excelente relación con Antoni Pastor y respeto su posición porque cada pueblo es un mundo.

¿Cómo va a afectar este cambio a las administraciones públicas?
A corto plazo en nada, porque no habrá ofertas de empleo público. Además se mantiene como requisito en la educación, en servicios de atención a los ciudadanos y damos un margen de maniobra enorme a los ayuntamientos para que decidan qué plazas de su catálogo de personal es necesario que el catalán se mantenga como requisito. Por tanto no entiendo la polémica en algunos municipios.

¿Qué ha cambiado para que una ley de consenso como la de normalización lingüística hoy deba ser modificada?
Hace 25 años la situación del catalán era muy distinta a la de ahora. Antes el uso del catalán en las administraciones era mínimo y ahora nadie puede decir que no se use el catalán con normalidad. La sentencia del Tribunal Constitucional nos obliga a llevar a cabo la modificación para respetar las dos lenguas oficiales.

¿Qué le pareció la actitud de Josep Maria Quintana al recibir el premio Ciutat de Palma y donar el dinero a dos entidades de Menorca?
Coherente con su forma de pensar.

El proyecto de reforma ha recibido 10.000 alegaciones. ¿Va a responder a todas?
Son muchas, aunque más del 80 por ciento son iguales, con el formato que ha difundido la Obra Cultural Balear. Se responderán todas.