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Dos de las tareas que me corresponden como director de Menorca · Es Diari es trabajar para que los periodistas puedan ejercer su profesión en las mejores condiciones posibles y, la otra, explicar a los lectores cómo gestionamos las informaciones para hacerlas llegar de una forma interesante, atractiva y completa. Nuestro objetivo es ser para ustedes una fuente fiable y esperar que la información local que les ofrecemos les sea útil y responda a sus expectativas. Esta newsletter del director pretende, con la ayuda de miembros de la redacción, ofrecer algunas claves de interpretación de una o varias noticia publicadas durante la semana.
El caso Nerer, de nuevo. Este caso de posible corrupción política en Ciutadella ha vuelto a la portada del diario. El caso se refiere a las permutas que llevó a cabo el Ayuntamiento hace nada menos que 18 años, cuando Avel·lí Casasnovas, el principal imputado, era responsable de Urbanismo. Se estima que la administración local podría haber perdido unos tres millones de euros.
Hace casi ocho años que el fiscal anticorrupción de Balears, Pedro Horrach, desembarcó en Ciutadella y procedió a la detención de los principales sospechosos en lo que se llamó 'Operación pomada'.
A finales de noviembre, hace quince días, el abogado del Ayuntamiento, Francisco Marqués, instó al Juzgado a culminar la instrucción de la causa y abrir la vista oral. Hacía dos años y medio que la instrucción estaba parada. ¿Por qué? Por los continuos cambios de titulares en los juzgados de Ciutadella. La montaña de papeles de la instrucción es tan enorme y los juzgados están tan saturados que nadie se atreve a dar salida a un caso tan antiguo y complejo. La última jueza que lo intentó, Belén Velazquez, fue ascendida a magistrada y se trasladó a uno de los juzgados de Maó. Además, la Fiscalía, que tan activa se mostró en enero de 2016, no ha llegado a presentar, de momento, el escrito de acusación.
Ante tanta dilación parece que lo más lógico sería el archivo de las diligencias y el cierre del caso. Pero el problema es que se haría en falso, por la importancia de los indicios de actuaciones corruptas por parte de miembros del equipo de gobierno municipal con algunos empresarios. ¿Por qué ahora Es Diari vuelve a dar importancia a un tema tan antiguo y que se ha dormido en los juzgados? La respuesta es que ahora y no antes hemos tenido acceso a una parte muy considerable de la documentación del sumario. Ciertamente, habríamos preferido disponer de esta documentación mucho antes. Cuando cubrimos las declaraciones de los imputados y testigos, en 2016 y 2017, principalmente, no fue posible describir la mayor parte de las pruebas periciales y testificales. El secreto de sumario y el silencio de imputados y testigos, impidió obtener más datos contrastados, más allá de las especulaciones. Ahora hemos comprobado que algunos documentos y declaraciones son indicios y pruebas que avalan las acusaciones de corrupción política. Estamos trabajando en otros documentos y declaraciones de gran interés, que esperamos poder ofrecer a nuestros lectores en pocos días. Puedo avanzar que algunos de los indicios de corrupción que se publicaron hace entre seis u ocho años, cuentan con testimonios ante el juez que los avalan.
Creo que como medio de comunicación y como periodistas no podemos hacer otra cosa que cumplir con la profesión y publicar lo que consideramos que es de interés público. La dilación judicial es un problema jurídico. Pero el derecho a la información de los ciudadanos nos obliga a los periodistas a no mirar a otro lado.
El objetivo de Es Diari no es empujar a la Justicia a que mantenga vivo el caso, sino, simplemente, hacer nuestro trabajo, al margen de las consecuencias que ello pueda tener en la instrucción y conclusión del caso. El trabajo de investigación que lleva a cabo el periodista David Marqués puede permitir a los lectores sacar sus propias conclusiones. La información periodística y el proceso judicial, en la búsqueda de la verdad, pueden recorrer caminos distintos, que incluso puede parecer contradictorios. Porque la primera puede ofrecer información fiable para que la conozcan los ciudadanos, que tienen derecho a ella, mientras la Justicia debe determinar si existe responsabilidad penal que justifique una condena. Seguimos estando en este punto.
Nos volvemos a leer el próximo fin de semana.