Después de que el Tribunal de Apelación de Londres haya considerado ilegal la decisión del fiscal general británico, Dominic Grieve, de vetar la difusión de cartas enviadas por el príncipe Carlos al Gobierno entre 2004 y 2005 y cuyo contenido podría revelar que ha faltado a la exigencia de neutralidad política que pesa sobre la monarquía británica, ya solo el Tribunal Supremo, última instancia del sistema judicial británico, puede impedir que se publiquen.
La divulgación de la correspondencia había sido solicitada en 2012 por el periodista Rob Evans, del diario 'The Guardian', que recurrió al Tribunal de Apelación tras la decisión del fiscal.
Veto
En concreto, en septiembre de 2012 el Tribunal Superior consideró que Evans y la población tenían derecho a conocer el contenido de la correspondencia en virtud de la ley de libertad de información, pero el dictamen fue vetado dos meses después por Grieve.
Pese a que el Tribunal de Apelación argumentó que la decisión del fiscal de vetar el dictamen de la Corte Superior es incompatible con la legislación europea, dio permiso al fiscal general para recurrir ante la Corte Suprema, por lo que el veto se mantiene.
En los últimos años algunos sectores de la prensa han criticado al príncipe por tratar de influir en las políticas del Gobierno.
Evans está interesado concretamente en cartas enviadas entre septiembre de 2004 y abril de 2005, cuando el Partido Laborista estaba en el poder.
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