Estas discrepancias quedaron de manifiesto este miércoles en un debate en el Parlamento Europeo previo a que los eurodiputados fijen su postura negociadora sobre el documento para poder iniciar las conversaciones con los países la próxima semana, con la intención de que el certificado esté funcionando para finales de junio.
El coordinador de las negociaciones por parte de la Eurocámara, el socialista español Juan Fernando López Aguilar, incidió en su intervención en los capítulos clave por los que los eurodiputados pelearán en el formato final de este certificado durante las negociaciones en mayo.
López Aguilar recalcó que el nuevo esquema debería «acabar con la situación caótica de la que venimos» ante la «acumulación de medidas contradictorias y discriminatorias» de cada país, que tiene la potestad de imponer las restricciones que desee a los viajeros que entran en su territorio.
Así, cada Estado miembro ha podido decidir durante estos meses si exige una PCR a todas las personas que entran en su territorio o les obliga a guardar una cuarentena a la llegada, un extremo que el Parlamento intentará unificar a la baja.
«Los Estados no deben imponer medidas restrictivas adicionales, el certificado debe bastar para reactivar la libre circulación», zanjó López Aguilar.
El diputado socialista consideró que es esta «cacofonía de medidas» la que está desincentivando los viajes en este momento y confió en que, durante la negociación, los Estados miembros acerquen su postura a la del Parlamento.
También incidió en que los test PCR deberían ser gratuitos, ya que en algunos Estados miembros tienen precios prohibitivos pese a ser obligatorios para, por ejemplo, viajar a muchos países.
El consejo quiere reservarse la posibilidad de imponer medidas
No obstante, esta posición choca de lleno con la que los países de la Unión Europea aprobaron de forma unánime de cara a esta negociación, que recuerda que tener este certificado no equivale a poseer un pasaporte de viaje e insiste en que cada país debe tener la potestad de aplicar más restricciones a quien entre en su territorio.
«La presidencia espera que el despliegue del certificado dé un impulso positivo a la recuperación económica y social. Al mismo tiempo, hay que ir con pies de plomo y gestionar expectativas de ciudadanos a la vista de la rápida evolución de la situación epidemiológica», advirtió la secretaria de Estado portuguesa de Asuntos Europeos, Ana Paula Zacarías, cuyo país preside el Consejo este semestre.
Aunque no se refirió específicamente a este debate de competencias, sí que se pronunció sobre la posible gratuidad de las pruebas PCR para explicar que los países «son muy conscientes de la importancia de eliminar y reducir el coste que supone para los ciudadanos».
Y pese a que no hizo ningún compromiso en ese sentido (la competencia corresponde a cada país), también recordó que desde hace meses los Estados miembros pueden aplicar un tipo de IVA reducido o cero a la venta de estas pruebas.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sugirió por su parte evitar este debate por el momento y dejarlo para más adelante, de forma que las negociaciones no se alarguen por la falta de consenso y el certificado no pueda entrar en funcionamiento en junio.
«La Comisión propone mantener separados, por el momento, el certificado (...) y sus usos posibles. No deberíamos atascarnos en discusiones sobre levantar o no restricciones para los portadores de dichos certificados. En este momento no seremos capaces de resolverlos», advirtió Reynders.
Bruselas argumenta que las nuevas variantes del virus «están causando incertidumbres significativas» y que la discusión sobre el uso del certificado «tiene el potencial de evitar que avancemos de forma pragmática». «No podemos esperar a que se respondan todas las preguntas antes de actuar», advirtió el comisario.
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