El Ministerio de Exteriores palestino reclamó en un comunicado que Israel indique «cuál es el fundamento jurídico para tal decisión, ignorando decenas de testimonios, pruebas y el resultado de la autopsia». La veterana periodista murió por el impacto de un disparo en la cara mientras cubría un operativo del Ejército israelí el pasado 11 de mayo en el campo de refugiados de Yenín, pese a ir perfectamente identificada como prensa y protegida con chaleco y casco. Tanto testigos del suceso -la mayoría compañeros periodistas-, como la cadena Al Yazira o la ANP culparon inmediatamente a soldados israelíes del disparo que la mató, mientras que el gobierno israelí se apresuró a responsabilizar a «palestinos armados» que abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes.
En su informe preliminar, presentado el mismo día del funeral de Akleh dos días después de su muerte, el Ejército israelí admitió que había «dos posibilidades» sobre la fuente de la bala letal: palestinos armados «que dispararon cientos de balas desde varios lugares»; o un soldado israelí que devolvía fuego a un miliciano palestino del que Akleh estaba cerca. «El pistolero palestino disparó múltiples ráfagas contra el soldado israelí, y existe la posibilidad de que Abu Akleh, que estaba cerca del pistolero palestino, detrás de él, fuera alcanzada por los disparos del soldado hacia los palestinos. La distancia entre el vehículo del Ejército (desde el que disparó el soldado) y la señora Abu Akleh era de unos 200 metros»; admitió el informe militar.
Sin embargo, el Ejército señaló que sin el examen de la bala es imposible determinar quién la mató, por lo que ofreció una investigación conjunta a la ANP, que se ha negado a colaborar con las autoridades israelíes al no confiar en su imparcialidad pero se ha comprometido a acometer una investigación «transparente» e incluso a llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. «La decisión del ejército de la ocupación no sorprende y se inscribe en el marco de las prácticas habituales del estamento militar israelí de enterrar sus crímenes de ejecución en el terreno sin ninguna investigación o atribuirlos a personas sin identificar, con el fin de proteger a sus criminales», afirmó hoy el ministerio de Exteriores palestino. La muerte de la conocida periodista de Al Yazira ha provocado una oleada de condenas de numerosos gobiernos y organismos defensores de derechos humanos y de libertad de prensa, que exigen una investigación independiente.
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