El titular para la provincia declaró a los medios en Belfast que sus «opciones eran limitadas», pero que su «obligación legal» es convocar unos nuevos comicios en un plazo de 12 semanas desde la pasada medianoche, al cumplirse el plazo dado a los partidos para formar gobierno. Heaton-Harris avanzó que seguirá reuniéndose con las formaciones norirlandesas para dialogar y reiteró que «adoptará las medidas necesarias» para asegurar que los «servicios y las finanzas públicas» de la región «siguen funcionando» sin un Ejecutivo de poder compartido.
Tras superarse la fecha límite fijada, Londres retiró todos los ministros que han ejercido de manera interina desde la suspensión el pasado febrero del Gobierno autónomo, con lo que el funcionamiento de la Asamblea regional está en manos desde hoy de funcionarios públicos. El ministro reiteró que la «situación es muy grave» y que reconoce que los mismos partidos no quieren otros comicios, pero señaló que ya se ha puesto en contacto con las autoridades competentes para iniciar el proceso electoral. El veto de los unionistas impidió el jueves la elección del presidente de la Asamblea y automáticamente suspendió la presentación de candidatos a los puestos de ministro y viceministro principal, que le corresponden al Sinn Féin y el DUP, respectivamente, de acuerdo con los resultados de las elecciones de mayo.
El líder del DUP, Jeffrey Donaldson, recordó después que su partido no cambiará su posición hasta que no «se elimine» el protocolo del Brexit, un instrumento, dijo, que ha dañado «nuestra economía» y ha modificado el «estatus constitucional» de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido «sin nuestro consentimiento». El DUP abandonó el Ejecutivo de Belfast el pasado febrero y, desde las elecciones de mayo, se ha negado a entrar en un Gobierno liderado por el Sinn Féin hasta que Londres y Bruselas no acuerden una reforma radical del protocolo, o hasta que Downing Street adopte medidas unilaterales de su agrado.
Este instrumento establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado único comunitario para bienes, por lo que las mercancías que cruzan entre la isla de Gran Bretaña y ese territorio británico han de pasar controles aduaneros para así asegurar que la frontera entre las dos Irlandas continúa siendo invisible, tal y como obliga el acuerdo de paz del Viernes Santo (1998), el texto que puso fin al conflicto. No obstante, ha levantado una frontera comercial en el mar de Irlanda que también es política para la comunidad unionista protestante, que sostiene que diferencia a la provincia y pone en peligro su relación con el resto del Reino Unido, más ahora que los nacionalistas quieren avanzar hacia su objetivo histórico de reunificar Irlanda.
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