El Consejo de Ministros validó ayer al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, elaborado por el Ministerio del Interior, que ha suavizado su borrador inicial al rebajar en un tercio las infracciones muy graves que conllevarán multas de entre 30.000 a 600.000 euros. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó el refuerzo y la protección de los derechos y libertades que supone este anteproyecto.
Una norma, dijo la vicepresidenta, que garantizará la seguridad ciudadana con el máximo respeto a los derechos y libertades de nuestra Constitución y será «un instrumento para garantizar el libre ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones y la convivencia pacífica. Con ello ganan espacio las libertades públicas que están mejor reguladas y mejor protegidas», añadió.
Tras 22 años de vigencia de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada «Ley Corcuera», el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló que el Gobierno ha considerado «necesario, conveniente y oportuno» para actualizarla y mejorarla. La nueva ley fortalecerá la garantía de las libertades públicas y la seguridad ciudadana, al tiempo que será «más garantista» y precisa que la vigente norma.
Multas
El Gobierno prevé multar con sanciones de hasta 30.000 euros las ofensas o ultrajes a España, las comunidades autónomas, las entidades locales y sus símbolos, instituciones e himnos cuando estas actuaciones no sean constitutivas de delito.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que estos actos están considerados como infracción grave en el texto presentado por su Departamento, sancionadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros.
«Imagine por ejemplo una manifestación en la que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones. Cuando no sean constitutivas delito y se produzcan de forma pública, podrán ser considerada infracción grave», puso como ejemplo el ministro.
Sin embargo, preguntado después por una manifestación en la que se coreen consignas contra la unidad de España o de alguna autonomía, Fernández Díaz reconoció que no entrarían dentro de este supuesto sancionable si se produjesen dentro de la legalidad y sin violencia.
«Si es pacífica y dentro de los límites legales, me parece que no sería insulto o vejación más allá de que podamos estar en contra», reconoció antes de apuntar que, en el caso de la quema de banderas, si los hechos no son considerados delito, «no cabe duda» de que «incurriría de lleno en esa conducta tipificada como infracción grave».
Otro de los supuestos por el que fue preguntado se refirió a las pitadas al himno de España en los estadios de fútbol. Fernández Díaz puntualizó que este caso está ya contemplado y sancionado en la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el Deporte.
El ministro defendió la oportunidad de la ley y recordó que en la reforma del Código Penal ahora en tramitación desaparecen las faltas, pasando algunas a ser consideradas delitos leves y otras quedan destipificadas. Es de éstas de las que se ocupará la ley de Seguridad Ciudadana. Según recordó, el derecho de manifestación se ha ejercido «ampliamente» en los dos primeros años de esta legislatura.
Pero además, defendió que, con el régimen sancionador, el Gobierno no pretende otra cosa que garantizar «más y mejor» la convivencia de los ciudadanos y castigar y aislar a los grupos violentos. «El único objetivo es castigar la violencia, proteger a los ciudadanos de comportamientos incívicos y del vandalismo», sostuvo.
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