Los verificadores ven difícil su labor sin apoyo institucional

Gobierno, PP, UPyD y víctimas arrecian las críticas contra la Comisión Internacional que defiende su papel para el desarme de ETA

| Madrid |

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14 PERSONAS ACUSADAS DE UN DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

Una de las 14 personas acusadas de un delito de enaltecimiento del terrorismo por llevar pancartas con fotos de presos de ETA y recitar versos en su honor durante un pasacalles de las fiestas de Vitoria de 2012

Fernando Alvarado/EFE

El portavoz de la llamada Comisión Internacional de Verificación, Ram Manikkalingam, advirtió este lunes de que es «extremadamente difícil, si no imposible» que este grupo continúe su labor para el desarme de ETA si no recibe el aval de las instituciones.

Manikkalingam hizo esta advertencia en un comunicado, mientras arreciaban las críticas de PP, UPyD y de la Fundación de Víctimas a los «verificadores» y al lehendakari, Iñigo Urkullu, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayaba que las fuerzas de seguridad culminarán la disolución de ETA si ella no lo hace.

El portavoz de la Comisión de Verificación señaló que los últimos acontecimientos, entre ellos la citación a miembros de este grupo a declarar ante el juez, ponen en evidencia las dificultades para que ETA ponga «fuera de uso operativo la totalidad de sus armas, municiones y explosivos».

Por ello, cree que ahora corresponde a los «gobiernos, líderes políticos y ciudadanos» decidir cómo debe realizarse ese proceso.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió, sin embargo, de que mientras ETA no entregue las armas y decida desaparecer las fuerzas de seguridad seguirán con su trabajo para lograr su disolución.

Puso en entredicho el papel de los «verificadores», ya que si ETA da «la geolocalización y las coordenadas de sus zulos y de sus arsenales», la Policía y la Guardia Civil comprobarán si efectivamente entregan su armamento.

Distintos dirigentes del PP también criticaron la escenificación de la entrega de armas, como la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que la tachó de «tomadura de pelo», al tiempo que reprochó a Urkullu y a los socialistas vascos haber dado de forma «bochornosa» a los verificadores «toda la credibilidad».

Pamema

«Pamema» fue la palabra utilizada por el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, para referirse a esa exhibición de cuatro armas de fuego que luego ETA guardó en una caja.

Hernando cree además que Urkullu «ha cometido un error» al contribuir a dar «mayor publicidad y propaganda» al «sainete que ha montado la banda terrorista».

El eurodiputado popular Carlos Iturgaiz fue más allá al considerar que los verificadores deberían ser detenidos y no tendrían que volver a pisar suelo español porque «están al servicio de ETA».

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, opinó que el lehendakari debería dimitir, mientras que la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco,  advirtióa los verificadores de que las armas de ETA son pruebas judiciales de crímenes no esclarecidos, por lo que deben ser entregadas a las autoridades y no vale con «enseñarlas» ni, incluso, con destruirlas.

El secretario general de Organización del PSOE, Óscar López, respondió a las críticas de Cospedal y le pidió que «no meta a ETA en campaña», además de exigirle unidad en la lucha contra el terrorismo.

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