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Las tarifas de gas natural han subido un 9% en los últimos tres años, nueve veces el IPC acumulado, según datos de Facua-Consumidores en Acción.

Según un estudio de la asociación, con las tarifas vigentes desde enero de 2015, un usuario que consume 800 kilovatios hora (kWh) mensuales abona actualmente con la tarifa TUR 2, destinada a usuarios con consumos superiores a los 5.000 kWh anuales, un importe de 61,1 euros al mes, un 9% por encima de los 56,03 euros de octubre de 2011, la última tarifa vigente antes de la llegada del PP al Gobierno.

Por su parte, un usuario con un consumo de 400 kWh mensuales paga con la TUR 1 -destinada a usuarios que no superan los 5.000 kWh de consumo al año- cada mes 33,19 euros, impuestos indirectos incluidos, lo que representa un incremento del 7,8% sobre los 30,79 euros que abonaba en octubre de 2011.

Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a 2013, en España hay 7,4 millones de clientes de gas natural y el consumo medio doméstico-comercial es de 8.838 kWh al año, señala Facua.

De esta manera, la asociación de consumidores critica que los incrementos aprobados en el término fijo del recibo y la tarifa por el consumo «se han visto agravados con la subida del IVA en septiembre de 2012, que pasó del 18% al 21%, y al introducción del Impuesto Especial de Hidrocarburos en enero de 2013, que actualmente incrementa el precio del kWh en un 4,8%».

Así, el término fijo de la tarifa TUR 1 ha subido un 9,3% desde finales de 2011, pasando de 4,83 euros a 5,28 euros mensuales, impuestos indirectos incluidos, y un 8,9% en la TUR 2, donde ha pasado de 9,83 euros a 10,7 euros.

Mientras, la tarifa por el consumo se ha encarecido en un 7,5% en la TUR 1, pasando de 6,49 céntimos a 6,98 céntimos por kWh, y un 6,4% en la TUR 2, de 5,77 céntimos a 6,15 céntimos por kWh.

Por ello, Facua reclama que «se reduzcan los márgenes al sector» y que el conjunto de partidos que concurrirán a las próximas elecciones generales se comprometan a introducir «instrumentos de cálculo en la revisión de tarifas que garanticen la protección de los intereses económicos de los consumidores».