Mas alega que la causa del 9N tiene un «contenido marcadamente político»

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Artur Mas

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, vota en la consulta soberanista convocada el 9 de noviembre de 2014.

09-11-2014

El expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han recurrido la decisión del TSJC de dejarles a las puertas de ir a juicio por la consulta del 9N, al considerar que la causa tiene un «contenido marcadamente político» y que ni desobedecieron ni prevaricaron.

En sus recursos, a los que ha tenido acceso Efe, Mas, Ortega y Rigau solicitan de nuevo a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se archive la causa, al entender que se están atribuyendo «responsabilidades criminales a los legítimos representantes de un gobierno democrático por su actuación política vehiculada de manera responsable, cívica y pacífica».

Dos días antes de abandonar el TSJC por decisión personal, el entonces juez instructor de la causa del 9N Joan Manel Abril dejó el pasado 28 de junio a Mas, Ortega y Rigau a un paso del juicio, ante los indicios de que cometieron desobediencia y prevaricación al permitir la consulta soberanista del 9N.

En su recurso a esta resolución, la defensa de Artur Mas concluye que la decisión del TSJC sólo puede alcanzarse desde una «precomprensión» de los hechos que evidencia un «determinado sesgo cognitivo», al no dar crédito el magistrado a la tesis esgrimida por los tres acusados, en el sentido de que dejaron el proceso de participación ciudadana en manos de voluntarios tras la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional el 4 de noviembre.

En su escrito de defensa, Mas remarca que la instrucción del caso ha demostrado que los tres acusados no sólo no desobedecieron al TC ni prevaricaron, sino que el Govern «interrumpió efectivamente» la organización y gestión de la consulta «sin hacer dejación de ninguna de las funciones legales encomendadas a la Generalitat con respecto al orden público, la seguridad de las personas, el derecho de información de los ciudadanos y la gestión de los sistemas informáticos públicos».

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