Ferran López, comisario superior de Coordinación territorial de los Mossos, a su llegada a la reunión de coordinación de los cuerpos de seguridad sobre el 1-O. | Andreu Dalmau

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El fiscal superior de Cataluña ha ordenado a los Mossos que interroguen a los responsables de los colegios electorales del 1-O y les alerten de que ceder locales es delito, en una jornada en la que el mayor Josep Lluís Trapero no ha acudido a la primera reunión de coordinación policial y ha enviado a su número dos.

En una instrucción cursada hoy, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha ordenado a Trapero que los Mossos se personen en los centros educativos o administrativos de la lista de colegios electorales que difundió el pasado jueves a través de Twitter el presidente catalán, Carles Puigdemont.

El fiscal superior afirma en la instrucción que muchos son institutos u otros centros de enseñanza y añade que, «según aseguran distintas fuentes del ámbito educativo -entre ellas CCOO-, el área de Servicios Territoriales, dependiente del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, ha contactado con la dirección de los centros».

En ese supuesto contacto de la Generalitat con los centros que deberían servir de colegios electorales el 1 de octubre, el fiscal afirma que se les habría pedido que introdujeran las llaves y la contraseña de la alarma de seguridad de los edificios dentro de un sobre que deberían depositar en una de las diez oficinas de los Servicios Territoriales repartidas por Cataluña.

Esa entrega se haría, dice la instrucción, el próximo viernes, dos días antes de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, y a cambio se les entregaría un recibo.

Por ello, el fiscal catalán pide a Trapero que los Mossos, en funciones de policía judicial, se personen «inmediatamente» en estos centros para identificar a sus responsables e interrogarlos, en calidad de testigos, sobre si han recibido alguna comunicación de la Generalitat solicitando su colaboración en el referéndum.

La orden del fiscal ha ido dirigida a Trapero, que ha cedido en su número dos la asistencia de los Mossos a la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno, en Barcelona, convocada por el director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, designado por el fiscal como el coordinador del dispositivo de seguridad para evitar el 1-O.

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A dicha reunión, que ha durado una hora, han asistido el responsable de la Guardia Civil en Cataluña, general Ángel Gozalo; el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, el comisario Sebastián Trapote; y por parte de los Mossos d'Esquadra Ferran López, responsable de Unidades Territoriales de este Cuerpo y número dos del mayor Josep Lluís Trapero.

Los Mossos d'Esquadra han explicado en la reunión que han expuesto al fiscal que rechazan la coordinación del Ministerio porque creen que el operativo debe estar bajo la Comisión de Coordinación Policial de la Junta de Seguridad de Cataluña, organismo presidido por Carles Puigdemont.

Los Mossos d'Esquadra han alegado ante la Fiscalía que ya están investigando los preparativos del 1-O y disponen de «un plan de actuación» para cumplir la orden del ministerio público de impedir la celebración del referéndum, por lo que creen injustificado que se les aparte de la coordinación.

Así lo afirma el mayor de los Mossos d'Esquadra en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, remitido al fiscal superior de Cataluña, en el que lamentan que haya dejado la coordinación del dispositivo del 1-O en manos de un mando de la Secretaría de Estado porque ello, asegura, «afecta la profesionalidad y el prestigio» de los Mossos.

En su escrito remitido a la Fiscalía, Trapero argumenta que la medida adoptada por la Fiscalía «afecta a la profesionalidad y prestigio» de los Mossos, «respecto a lo que ha sido y es su dedicación y compromiso en el ejercicio de sus funciones de policía judicial, seguridad ciudadana y orden público, competencias que desarrolla con el más absoluto rigor, respeto y lealtad al ordenamiento jurídico».

El Ministerio del Interior ha rechazado las intenciones de los Mossos y ha trasladado que no va a poner en cuestión la decisión del fiscal al ser el 1-O un asunto que ya está judicializado.

Así lo han confirmado a Efe fuentes próximas del Ministerio de Interior tras la reunión de coordinación policial, en la que se ha analizado por separado cada uno de los dispositivos de seguridad de los tres cuerpos policiales para intentar unir esfuerzos y reducir los riesgos en la coordinación, con el objetivo de que se cumplan las órdenes de la autoridad judicial con la mayor normalidad posible y sin ningún tipo de perjuicio para los ciudadanos.

El director técnico al que el fiscal ha encomendado la coordinación de seguridad del 1-O, Pérez de los Cobos, ha propuesto que las sedes de las reuniones sean rotatorias, por lo que la siguiente será en la sede de los Mossos d'Esquadra.