El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) Ricardo Blázquez

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La Comisión Permanente de la Comisión Episcopal Española ha hecho un llamamiento al diálogo ante la «grave» situación que se vive en Catalunya y ha pedido evitar decisiones y actuaciones «irreversibles» y de «graves consecuencias». Además, los obispos se ofrecen a colaborar en este diálogo en favor de «una pacífica y libre convivencia entre todos».

«Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los derechos comunes de siglos y los derechos de los pueblos que conforman el Estado, es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas, como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica, y originen fracturas familiares, sociales y eclesiales», ha leído el presidente de la Comisión Episcopal Española, el cardenal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez.

La declaración institucional ha sido aprobada este miércoles 27 de septiembre por unanimidad de los 24 obispos que forman parte de la Comisión Permanente, de los cuales tres son catalanes. El número total de obispos en España es de 81 en activo y 34 eméritos.

Esta declaración se produce en el marco de la celebración este martes y miércoles de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Es tradicional que el jueves se celebre una rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en estas reuniones pero en esta ocasión los obispos han preferido sustituirla por una declaración institucional sobre la situación en Catalunya.

El texto aprobado hace suyos, en primer lugar, los «deseos y sentimientos» manifestados recientemente por los obispos con sede en el territorio de Cataluña, que son «los auténticos representantes de sus diócesis».

Los obispos llaman a la oración por quienes «en este momento difícil» tienen la responsabilidad en el gobierno de las diversas administraciones pública de la gestión del bien común y de la convivencia social, a fin de que todos sean guiados por la «sensatez y el deseo de ser justos y fraternos» y con responsabilidad avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que la sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz.

«Como hemos señalado los obispos en otra ocasión también difícil para nuestra convivencia democrática y pacífica, es de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución», añaden.

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De este modo, aunque sin citarlo expresamente, los obispos españoles al Golpe de Estado del 23-F al referirse a la declaración realizada en otro momento de la historia «también difícil para la convivencia democrática y pacífica», el 23 de febrero de 1981.

En concreto, citan un comunicado redactado por la XXXIV Asamblea Plenaria de la CEE con fecha de 28 de febrero de 1981, es decir, cinco días después del Golpe de Estado. En este documento, los prelados recordaban las «horas azarosas y decisivas» que había vivido España «en las que estuvo seriamente amenazada la normalidad constitucional de la nación».

«La gravedad de los acontecimientos nos llevó a expresar directamente a su Majestad el Rey y en un comunicado público a todos nuestros conciudadanos la honda preocupación que desde un principio nos causaron hechos tan graves y reprobables y nuestro apoyo moral a las personas, instituciones y actuaciones que hicieran posible, como así ocurrió después, un final sin violencia del secuestro del Gobierno y de los congresistas», subrayaban en el comunicado de 1981.

Además, los obispos señalaban ya entonces que «es de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución», unas palabras que han repetido ahora ante el referéndum del 1 de octubre en Catalunya, al considerar que esta situación es «también difícil para la convivencia democrática y pacífica» como lo fue aquella ocasión (el Golpe de Estado del 23-F).

Papa Francisco

En la declaración de este miércoles, los obispos también citan al Papa Francisco para reclamar que es hora de saber cómo diseñar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, búsqueda de consensos y acuerdos, pero «sin separarla de las preocupaciones por una sociedad justa, con memoria y sin exclusiones».

«En estos momentos graves, la verdadera solución al conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la doctrina social de la Iglesia», ha insistido Blázquez.