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El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión tras la declaración unilateral de independencia (DUI), ha acordado este lunes la puesta en libertad de los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Dolors Bassa y Carles Mundó después de que ANC y Òmnium hayan hecho efectivo el pago de 600.000 euros de fianza que les impuso -100.000 a cada uno- para eludir la prisión preventiva que pesa contra ellos desde el pasado 2 de noviembre.

Las dos exconselleres han salido en un coche con los cristales tintados alrededor de las 16 horas, entre una nube de flashes que trataban de fotografiarlas a su salida tras más de treinta días en prisión.

La libertad se ha acordado tras acreditarse «bastante» el pago de las cantidades, aunque seguirán pesando contra los exconsellers medidas cautelares tales como comparecencias semanales ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) o juzgado de su conveniencia, entrega de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

El dinero procede de la Caja de Solidaridad que pusieron en marcha ambas entidades en verano y que ha recaudado desde entonces 4,7 millones de euros, según aseguran las mismas. Fuentes del alto tribunal han señalado que el fiador de las seis fianzas ha sido Marcel Padrós, que es tesorero de la ANC.

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Pasadas las dos de la tarde dos funcionarios del alto tribunal se trasladaron en coche hasta las prisiones de Estremera y Alcalá-Meco con los mandamientos de libertad para ordenar la salida de los centros penitenciarios, que puede producirse en las próximas horas. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.

Llarena acordó este lunes mantener la prisión preventiva del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, del exconseller de Interior Joaquim Forn y de los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, al entender que pese a no haber riesgo de que se fuguen persiste en ellos el de reiteración delictiva.

Para los otros seis exconsellers, también investigados en el sumario sobre el proceso soberanista que derivó en la declaración unilateral de independencia (DUI) el pasado 27 de octubre, el juez acordó las fianzas. De este modo, el juez Llarena no ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación popular ejercida por Vox de mantener en prisión a la totalidad de los investigados.

Los exconsellers se encuentran en prisión provisional desde el pasado 2 de noviembre, día en el que declararon ante la juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Una vez que el magistrado del Tribunal Supermo decidió acumular todas las causas abiertas por el proceso soberanista --dejando sólo en la Audiencia Nacional las actuaciones del que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana, investigados por los mismos hechos que los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart-- los querellados solicitaron declarar para convencer al magistrado del Supremo para que modificara estas medidas cautelares y les dejara en libertad, aunque sus respectivas manifestaciones del pasado viernes han sido valoradas de forma diferente por el juez.