Imagen de una bombilla. | Efe

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El Gobierno ha asegurado que trabaja en las políticas necesarias que permitan «una evolución racional» de los precios de la electricidad y que abordará «los cambios estructurales» que sean necesarios para acometer esta situación.

En un comunicado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado este viernes que la coyuntura actual es consecuencia de un modelo energético y de funcionamiento de mercado «caracterizado por la volatilidad de precios y la desprotección a los colectivos más vulnerables».

A este respecto, el Ejecutivo subraya que prepara «reformas sustantivas» que faciliten la transición energética y, mientras tanto, garantizará la protección» a estos colectivos más vulnerables.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá el próximo 19 de septiembre en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones por este incremento en el precio de la luz registrado en los últimos meses, y que se ha agudizado en este agosto con un encarecimiento del precio medio del mercado eléctrico español del 35,5% con respecto al mismo mes del año pasado, registrando su nivel mensual más alto desde enero de 2017.

Ribera trasladará en comisión parlamentaria su intención de abordar «con valentía los cambios estructurales necesario para acometer esta situación», afirma el Ministerio.
Así, el Gobierno destaca que trabaja en estas políticas que permitan una «evolución racional» de los precios de la luz, «en un futuro con incremento de energías renovables, y prestando especial atención a los consumidores más vulnerables».

Confluencia de varios factores

Para el Ministerio para la Transición Ecológica, la evolución de los precios en los últimos meses es el resultado de la confluencia de varios factores, entre los que destacan, «un incremento muy significativo de los costes de los combustibles y los derechos emisión de CO2 en los mercados internacionales, una reducción de la participación de la energía eólica, una producción nuclear que ha sido inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento y, todo ello, coincidiendo con un incremento de la demanda, motivada por el efecto de las altas temperaturas estivales».

Según los datos del Ministerio, la variación media entre los meses de enero y agosto es del 1,75%, aunque se han registrado importantes incrementos con respecto al mismo mes de 2017 en los últimos cuatro meses. Así, en mayo se produjo una subida del 5,1%, en junio del 5,7%, en julio del 8,8% y este mes de agosto del 10,9%.

Asimismo, subraya que desde el pasado mes de junio se está realizando un seguimiento «exhaustivo» de la situación, y para ello se está recabando información periódica del Operador del Mercado Ibérico (OMIE) y se mantiene contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en virtud de sus funciones de supervisión como garante de la transparencia y la competencia en el mercado.

No obstante, subraya que esta evolución de precios crecientes no es «una situación aislada al sistema español», siendo similar en los principales mercados europeos, que están viéndose también afectados por los costes de combustibles y derechos de emisión de CO2.

Una prioridad para el Gobierno

En los últimos meses, el Gobierno señala que ha mantenido a nivel europeo importantes encuentros para enfocar cuestiones sobre la energía, como el del pasado 27 de julio, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, participaron en la cumbre sobre Interconexiones junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, para abordar proyectos que avancen en el objetivo para que la Península Ibérica deje de ser una «isla energética» en la UE.

Además, el pasado 14 de agosto, el secretario de Estado de Energía también se reunió con su homólogo portugués, Jorge Seguro, para tratar el alza de los precios de la electricidad en ambos países e intentar coordinar medidas para paliar, en lo posible, los altos precios del mercado mayorista que redundan directamente en las facturas que deben abonar los consumidores.