Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en un momento de la entrevista. | Jorge Paris

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, responde sobre las cuestiones más candentes de su departamento en estos momentos y los pasos que se darán en un futuro no muy lejano.

Esta semana se va a celebrar la primera reunión de la nueva mesa entre Gobierno, patronal y sindicatos. ¿Qué tienen previsto abordar?
—El orden del día es claro: estudiar los sectores que, de aquí en adelante, después de junio, pueden necesitar continuar con las medidas de acompañamiento, vía ERTE, vía protección por desempleo, exoneración de cuotas...

¿Y su Ministerio tiene ya una primera idea de cuáles pueden ser esos sectores?
—Tenemos una idea, pero creo que es bueno que sean los interlocutores sociales los que definan con exactitud qué sectores están especialmente afectados.

Sobre el turismo y la hostelería habrá consenso completo.
—El turismo y todo lo que está vinculado a él. Es decir, la restauración, la hostelería, el montón de personas autónomas que hay trabajando en este entorno. También la cultura, la automoción, que tiene otra serie de características... Hay muchos.

La crisis ha afectado a casi toda la población. Pero el Gobierno, ¿ha cubierto a todos?
—Creo que sí. Quizás esta crisis nos ha dejado una reflexión, y es que justamente los sectores más debilitados, como son los cajeros, las cajeras, las personas que trabajan en el campo, los reponedores, el mundo de los cuidados, el personal sanitario, se han dejado la piel, nos han salvado, en sentido extenso, y es un aprendizaje.

¿Y el Gobierno a quién cree que ha salvado?
—Yo creo que el Gobierno ha salvado prácticamente a todo el mundo. Es la primera vez en nuestro país que hay un despliegue así de recursos. Por primera vez se prohíbe despedir, se prohíbe desahuciar, se dan moratorias, se aplazan los impuestos hasta noviembre, se da una prestación por cese de actividad. Todo es mejorable, pero con la estructura económica y fiscal que tiene nuestro país, puedo decir, en términos de comparación con otros momentos históricos, que lo hemos dado todo.

Hay bastantes ciudadanos que trabajaban ‘en negro’ y quedan fuera de estas herramientas de protección.
—Hay una parte de los trabajadores hiperprecarizados que se nos caen, para los que la herramienta del ERTE no sirve. Y hay una parte de la economía irregular que cuando se paraliza la actividad se desploma. Es de una urgencia supina el desplegar el Ingreso Mínimo Vital.

¿El Gobierno comparte el temor de que el Ingreso Mínimo Vital puede desincentivar algunos trabajos?
—Parto de la premisa de que a las familias españolas, a los hogares con todos sus miembros en paro, a las familias monoparentales, ya les gustaría tener un trabajo. España tiene unos niveles de pobreza infantil... El ministro Escrivá y el vicepresidente segundo, Iglesias, están arbitrando mecanismos.

¿Se podrían alargar estos ERTE excepcionales para todo el año, por ejemplo?
—Tengo que ser cauta. La fuerza mayor en el derecho es una absoluta excepcionalidad, y ahora hemos dicho que todo es fuerza mayor. El Gobierno está pagando los salarios y las cotizaciones sociales a todo el mundo.

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¿Tienen una estimación de cuánto está costando?
—Los ERTE del mes pasado, junto con la prestación estructural de desempleo, han llegado a un total de 5,1 millones de beneficiarios y han costado 4.512 millones, junto con los que abona el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

¿Y cuánto tiempo puede aguantar el Gobierno pagando estas prestaciones?
—Todo céntimo de euro que invirtamos ahora nos permitirá agilizar la salida de la crisis. Las políticas de recortes o austeridad no harían más que condenarnos a una generación perdida. Creo que esto ya lo ha vivido el país, y no nos lo podemos permitir. El Estado ha de estar cuando se le necesita, y es ahora.

¿Regularán más el teletrabajo?
—Vamos a lanzar con prontitud la Ley Reguladora del Trabajo a Distancia. El trabajo a distancia es una herramienta fabulosa, ahora bien, tiene que cumplir varias cosas. Primero, respetar los derechos de descanso diarios y semanales que obliga el Estatuto de los Trabajadores. Segundo, respetar los derechos de conciliación. Y tiene que garantizar el derecho de desconexión, y por supuesto tiene que practicarse con evaluación de prevención de riesgos laborales.

¿Cómo se consigue garantizar el derecho a la desconexión?
—Se está produciendo una extensión de nuestro tiempo de trabajo. El simple hecho de que tengas que estar disponible genera estrés. Si sabes que te puedes tener que conectar en cualquier momento de tu vida, que te pueden llamar en cualquier momento de la jornada... Hay que pactar normas. El teletrabajo aumenta la productividad, pero hemos de cuidar y respetar los derechos laborales.

¿Qué ocurre con mucha gente que está teletrabajando en casa con los niños?
—Hemos desplegado el plan ‘Me Cuida’. Consiste en un derecho preferencial al trabajador para que elija y adapte el tiempo de su jornada laboral. Y que pueda cambiar su horario, reducir su jornada, hasta el 100 % incluso. Ahora bien, hay que reformular el tiempo del trabajo para que podamos cuidar. Yo soy una madre española más, como mucha gente, que está teletrabajando en malas condiciones y atendiendo a sus hijos. Esto no puede ser.

Esta crisis ha pillado a gente cobrando su paro y ahora tienen muy complicado incorporarse al mercado laboral, mientras se consumen los dos años máximo de prestación. ¿Qué tiene pensado el Gobierno hacer?
—Soy consciente que hay trabajadores que acaban sus subsidios y que agotan su prestación. Vuelvo a decirlo, no podemos dejar a nadie atrás.

Sigue habiendo gente que no ha cobrado la prestación después de haber sido afectada por un ERTE. ¿En qué situación están estos casos?
—A día de hoy están todos reconocidos y en estos días, los pocos que quedaban, tienen que estar percibiendo su prestación, salvo que haya errores en la tramitación. Cualquier persona que queda pendiente de recibirla, por favor, que se ponga en contacto con el SEPE.

¿Tiene pensado implantar algún plan de empleo especial para el turismo?
Creo que el plan especial va a estar en la mesa de trabajo intersectorial que se formaliza el miércoles. Tenemos muy localizados los impactos por sectores en comunidades. En Canarias, Andalucía, Catalunya, Balears y el Levante, el turismo. E insisto de que cuando hablo de turismo hablo de todo lo que rodea al turismo, son sectores clave.

¿Qué ocurre con los trabajadores a los que se les acaba el periodo de prueba antes de que termine el estado de alarma? ¿La empresa puede no renovarles?
La única causa legítima que puede haber en un despido cuando un trabajador está sujeto a una prueba es que no haya pasado la prueba, pero el mundo del derecho laboral es el mundo de lo concreto y por tanto habrá que ver cada caso.