Los tres partidos anunciaron que acudirán a los tribunales si el Gobierno acaba otorgando finalmente esa medida de gracia a los condenados, nueve de ellos con penas de prisión de hasta 13 años por sedición: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Fue el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien reveló por sorpresa en el pleno del Congreso que la semana próxima comenzará la tramitación de los indultos, un proceso que previsiblemente se prolongará entre ocho y diez meses.
Le preguntaba en la sesión de control al Gobierno la diputada de JxCat Laura Borràs por las medidas del Gobierno ante la «deriva» de la justicia española, y Campo, tras defender la independencia de los jueces, desveló el inicio del trámite y desencadenó la polémica.
Vox advirtió de que seguirá con atención la tramitación, seguro de que «este Gobierno social-comunista ha permitido la consumación del golpe de Estado que se perpetró en Catalunya en 2017 para mantenerse en el poder» y de que en la hoja de ruta está la concesión de los indultos.
«Como de concederse será claramente ilegal, podemos asegurar que defenderemos la ley con todas las acciones legales a nuestro alcance», señaló la secretaria general de esta formación en el Congreso, Macarena Olona.
Ciudadanos
Ciudadanos también mostró su rechazo tajante a conceder «indultos o privilegios» a los condenados del ‘procés’, mientras que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, valoró el anuncio de Justicia como un paso en la resolución del conflicto en Catalunya que «allana el camino» para negociar los presupuestos con el «bloque de la investidura» y posibilita asimismo la mesa de diálogo.
En Barcelona las palabras de Campo fueron bien recibidas, aunque con cautela, ya que no colman las expectativas de las fuerzas independentistas.
El PDeCAT, que reclama una amnistía, destacó que los indultos pueden facilitar «un proceso real de diálogo con el Estado», aunque advirtió de que sería solo un «parche» que no resolvería el «problema político que hay de fondo».
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, descartó que el inicio de la tramitación de los expedientes sea un «gesto» del Gobierno, ya que el proceso lo marca la ley.
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