Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, durante el juicio. | POOL

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Dos de los tres acusados por pertenecer a la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 y que dejó 16 fallecidos y cientos de heridos en las calles de Barcelona y Cambrils (Tarragona) se han negado a declarar a las preguntas de la Fiscalía y no han reconocido los hechos por los que le piden hasta 36 años de cárcel.

Tras la declaración de otro de los acusados Mohamed Houli Chemlal -que se ha acogido a su derecho a no declarar, pero ha dicho que se ratifica en todo lo dicho en instrucción y que está «arrepentido» por lo sucedido-, ha sido el turno de Driss Oukabir y Said Ben Iazza, quienes sólo han respondido a las preguntas de sus defensas tras un habitáculo de cristal. Así lo ha manifestado Oukabir tras la primera cuestión formulada por el fiscal Miguel Ángel Carballo.

Así, ya en respuesta a su abogado Luis Álvarez Collado -quien ha conseguido que le cambiaran de sitio tras quejarse al inicio del juicio de que renunciaría a la defensa si le mantenían sentado detrás de las acusaciones-, ha afirmado que no era una persona «ni religiosa ni practicante».

En este sentido, ha negado haber tenido algún tipo de relación con el imán de Ripoll (Barcelona) Abdelbaki Es Satty, a quien se considera líder de la célula yihadista que atentó en agosto de 2017 y que falleció en la explosión de una vivienda en Alcanar (Tarragona) donde se preparaban los explosivos para atacar.

«Jamás he estado en Alcanar, ni conocía la existencia de Alcanar ni nada de esto», ha dicho. «No iba a la mezquita. Mi vida era la de aquí, salir de fiesta, era consumidor de droga, cocaína, hachís, ir con chicas de compañía», ha añadido, al mismo tiempo que ha señalado que ni siquiera tenía chilaba.

Para seguir negando los hechos de acusación que expone la Fiscalía en su escrito provisional de calificación, Driss Oukabir ha dicho que tenía una relación «normal» con su hermano Moussa, uno de los miembros de la célula terrorista que fue abatido por los Mossos d'Esquadra el día de los atentados, pero que en los últimos meses le vio «no mucho».

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A Oukabir, para quien la Fiscalía solicita para 36 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos, y conspiración para cometer estragos terroristas, se le relaciona con el alquiler de la furgoneta que luego se utilizó para el atropello en La Rambla de Barcelona.

Sobre este hecho, ha señalado que accedió a alquilar el vehículo porque tanto su hermano como Mohamed Hichamy y Younes Abouyaaqoub --también abatidos el día de los atentados-- le dijeron que era para hacer una mudanza, ya que no alcanzaban la mayoría de edad.

Así, se ha desmarcado de la tesis de la Fiscalía, que en su escrito de acusación sitúa a Driss Oukabir «plenamente asentado» en la célula terrorista en la que se integró «a mediados de 2017». Además, subraya que estaba «aislado de su entorno habitual y dispuesto para la consecución de sus fines», lo cual se demuestra con su participación en el «traslado de sustancias explosivas» desde la vivienda del imán hasta Alcanar y con alquiler de furgonetas.

Preguntado por su abogado si su marcha a Marruecos tenía algo que ver con su radicalización, Oukabir, que ha dicho que estuvo en «shock» al enterarse de los atentados, ha negado este extremo y ha explicado que se fue para «desconectar» porque tenía una orden de alejamiento hacia su pareja tras «una discusión muy fuerte».
La declaración del tercer acusado, Said Ben Iazza, ha sido más breve, ya que tan solo ha declarado ante el tribunal que conoce a los miembros de la célula yihadista porque eran «clientes» de su tienda, pero que en ningún momento le comentaron sus intenciones de atentar en Barcelona.

Asimismo, ha negado haber tenido algún contacto con el imán Abdelbaki Es Satty ni con Alcanar. Preguntado por su defensa que por qué prestó a Younes Abouyaqoub una furgoneta que era propiedad de su tío, ha explicado que le comentaron que querían «transportar productos de limpieza».

La Fiscalía pide para Said Ben Iazza -que fue detenido en Castellón un mes más tarde de los atentados- 8 años por colaboración con la célula por prestar el vehículo «a sabiendas de que iba a ser usada para la adquisición y transporte de productos químicos», así como por dejar su documentación personal para ocultar la verdadera identidad del comprador de los productos químicos y ayudar a la célula yihadista «en la consecución de sus fines de hacerse con los precursores necesarios para la elaboración de sustancias explosivas».