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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dudó al designar al exministro de Sanidad, Salvador Illa, porque no sabía "en qué cartera poner a un filósofo". El objetivo de su nombramiento era reconducir las relaciones con la Generalitat ya que la cartera de Sanidad era "lo de menos".

Esta es una de las anécdotas que narra la nueva obra del periodista Joan Guirado. Se trata de 295, los días que España vivió en estado de alarma, editado en Círculo Rojo, un relato que repasa el periodo en el que España se paró, con todas las derivadas en el plano político, social y sanitario.

En cuanto a la designación de Illa como ministro, el autor afirma que "sin prácticamente competencias políticas", ya que están transferidas a las comunidades autónomas, Sanidad es un resorte para cualquier dirigente político". De esta forma, era el lugar "idóneo" para que Salvador Illa pudiera hacer "el trabajo sucio de Sánchez con el independentismo", expone.

Asimismo, cuenta con el prólogo del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien describe el libro como "una crónica íntima, objetiva, personal, social y sobria", a la vez que "moralmente exigente, del que a buen seguro recordaremos como el peor año de nuestras vidas".

"No olvidaré jamás la angustia con que cada mañana los ministros del Comité de Seguimiento aguardábamos esos datos y cómo al recibir los informes los ojos se me iban indefectiblemente a la columna de fallecidos", agrega Ábalos.

Por otra parte, destaca el ambiente de tensión con el que retrata el Consejo de Ministros extraordinario del 14 de marzo de 2020, que acordó el decreto de estado de alarma que confinó a toda la población y limitó el ejercicio de derechos fundamentales. También fue el segundo más largo de la historia con ocho horas de duración, según reconoció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En esta reunión, conforme recoge el periodista, Sánchez reiteró en varias ocasiones que estaban "centrados en salvar vidas", como forma de copar la atención de sus colaboradores en "las cosas importantes" y "no en la discusión política".

En ese sentido, relata que en esa reunión colegiada cada ministro estaba enfocado en su materia. Por ejemplo, Pablo Iglesias se centraba en el ámbito social, y Nadia Calviño trataba de poner sobre la mesa políticas de carácter económico. Esto llevó a un desencuentro entre las distintas medidas que había que adoptar en un momento sumamente delicado, un debate que acabó zanjando el presidente con un "ahora no toca" y postergándolo para el Consejo del siguiente martes.

Así, Guirado recuerda que "se llegó a decir que el Gobierno se estuvo a punto de romper, con ultimátum incluido por parte de algunos de los ministros", aunque eso nunca se podrá saber porque sus deliberaciones son secretas. Sin embargo, apunta que lo que sí reconocieron la gran mayoría de las personas conocedoras de cómo se desarrolló la reunión es que "hubo discusión y que se llegó, en algunos momentos, a un clímax de máxima tensión".

También asevera que "hubo dudas hasta el último minuto" sobre si debía asistir o no el entonces vicepresidente segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, al ser contacto estrecho de la titular de Igualdad, Irene Montero, que se infectó de Covid-19. "Él se defendía argumentando que había dado negativo en las pruebas de detección realizadas", añade. Descartaron la conexión telemática, ya que alertaron de que ello podría implicar la invalidación de las decisiones que se aprobasen. De tal modo, fue el primer Consejo de Ministros en el que se vio a los miembros del Gobierno separados por la distancia de seguridad obligatoria y reunido en la Sala Barceló, distinta a la de cada martes antes de ese momento.

El real decreto que dictó tanto las medidas sanitarias como la lista de servicios esenciales estuvo sujeto a discusión en el seno del Gobierno. En la obra, se cuenta a título anecdótico la influencia que tuvo Ábalos a la hora de incluir las peluquerías como servicio esencial. Tras leerse dicha enumeración, una vez ordenado el paro de la producción, le espetó al presidente: "Mi madre no se puede lavar el pelo sola en casa". Sánchez le dio la razón y las peluquerías pasaron a ser un servicio básico para atender a las personas mayores y con necesidades especiales.

En octubre el Gobierno no aceptó la propuesta de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que insistía en cerrar solo algunas zonas de Madrid ante el repunte de casos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez consideraba que esas medidas eran insuficientes para doblegar la curva de la pandemia y, además, con el inicio del puente del Pilar, necesitaba que esas restricciones se ejecutaran lo antes posible para que la gente no expandiera el virus por otras comunidades. Todo ello, desató el culmen de la confrontación entre Ayuso y Sánchez.

Según atestigua Guirado, a través de su entonces jefe de gabinete, Iván Redondo, Pedro Sánchez estaba permanentemente informado de todo lo que ocurría puesto que estaba de viaje con el rey en Cataluña. Redondo siguió la reunión ministerial que iba a aplicar las restricciones en la región desde una sala anexa a donde estaban reunidos los ministros. Tras dos llamadas sin éxito a Ayuso para que aplicase medidas más contundentes, según Moncloa, a las once y media se citó a los mandatarios y a las doce del mediodía el jefe del Ejecutivo recibió un mensaje de Carmen Calvo: "Presidente, empezamos el Consejo de Ministros".

La llamada de Sol finalmente llegó, pero con la reunión ya en marcha. El móvil de Sánchez, pegado al 4ey, reflejaba en la pantalla el nombre de la presidenta madrileña. Se apartó del monarca, habló unos minutos con ella, que le pidió más tiempo, a lo que el presidente le espetó que no lo había, que había que "proteger la salud pública ya".

Así, mantiene que "la meticulosidad y el gran conocimiento de las leyes en una visión global" de los ministros juristas, Margarita Robles y Juan Carlos Campo, que expresaban "dudas" de algunos aspectos que recogía el borrador que había preparado el equipo de Calvo, provocó que la reunión que se preveía que durase una media hora se acabase alargando casi dos "para no dejar ninguna grieta legal abierta". "Eso hizo que el decreto no pudiera entrar en vigor al mediodía, tiempo que aprovecharon algunos madrileños para salir de la comunidad", apunta.

Igualmente, señala que hubo debate sobre "cómo se debía comunicar la decisión que, en la práctica, intervenía al gobierno autonómico de Madrid". Esta postura la lideraron el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y Alberto Garzón, ministro de Consumo, con el respaldo de Ábalos y Calviño. De este modo, “rápidamente” Redondo y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, trazaron "una línea comunicativa de ataque y confrontación directa contra el gobierno de Ayuso".