Ese es el caso de la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley del 7 de julio de 2020 con medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de transportes y viviendas y que inició en septiembre del año pasado su tramitación de urgencia como proyecto de ley.
La ampliación del plazo de enmiendas al articulado, en este caso, se ha prorrogado hasta en 42 ocasiones, el doble de las prórrogas que se han autorizado de otras tres iniciativas que, elevadas por el Ejecutivo como real decretos-ley, se aprobaron en la Cámara Baja la tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia.
Y así llevan desde febrero en el Congreso sin continuar su trámite el proyecto de ley de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria; el de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes; de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica; el de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo; y hasta el de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Incluso está en este 'impasse' parlamentario el proyecto de ley que nació de la convalidación del real decreto-ley por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020 (procedente del Real Decreto -ley 38/2020, de 29 de diciembre)
Las medidas de estas normas ya se aplican, por cuanto los real decretos-ley ya están en vigor, pero los acuerdos parlamentarios para su convalidación, llevaron al Gobierno a tramitarlos como proyectos de ley y que, por tanto, los grupos parlamentarios pudieran mejorarlos. En ellos están las medidas para prorrogar los ERTE, evitar desahucios, facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) , o el de impedir cortes de suministros de luz y agua a colectivos vulnerables.
No obstante, estas normas llevan más de seis meses, incluso una más de un años, de trámite en el Congreso con sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas al articulado pese al cariz de urgencia.
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