La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (d), responde a una de las preguntas de los diputados en presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (i), y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso de los Diputados. | Efe - Emilio Naranjo

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La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este jueves que el Gobierno descarta por el momento tomar nuevas medidas para contener el precio de la luz y señala que «no va a ser necesario tomar más».

Ha explicado que el Gobierno permanece «atento» por si es necesario completar la protección de los consumidores vulnerables y también ha mostrado su preocupación por el consumidor industrial, según ha dicho este jueves en una entrevista en El Periódico de Catalunya recogida por Europa Press.

El colectivo industrial está «especialmente expuesto», ha señalado Ribera, ya que, según ella, no tiene suficiente cobertura, y la electricidad es una parte muy importante de la estructura de costes y no tiene un precio garantizado y asegurado a plazo.

Ha mostrado su convencimiento de que las medidas adoptadas hasta el momento permitirán alcanzar el compromiso de que los consumidores paguen en 2021 lo mismo que en 2018 y ha señalado que «para un número muy importante de hogares» la factura actual es incluso más baja que la que pagaba con anterioridad.

Por otro lado, ha asegurado que el suministro de gas está garantizado para el próximo invierno, ya que Argelia lo ha garantizado «a través de los mecanismos de transporte que sean necesarios.

Relación con las eléctricas

Ribera ha explicado que la relación con las compañías eléctricas «se ha mantenido como siempre», a pesar de que las medidas tomadas han impactado en las cuentas de estas empresas.

Ha asegurado que ha «habido cierta recuperación de ese espacio de diálogo después de alguna declaración más altisonante», algo que ha definido como positivo.

Sin embargo, ha reclamado a las eléctricas «el compromiso social que tanto aparece en su publicidad» ante la posibilidad de una judicialización de las medidas tomadas, y ha recordado que la obligación del Gobierno es, textualmente, la protección de los consumidores por encima de todo.

«La obligación de las compañías es en principio maximizar los beneficios, sabiendo que ese 'en principio' queda matizado por el contexto en el que se desenvuelven», ha subrayado.

Mercado roto

La ministra ha explicado que «el mercado está roto, está claro que no funciona» y que, en sus palabras, no se puede permitir que haya precios de escasez durante meses.

«Quien piense que puede consolidar una posición de beneficio durante mucho tiempo en estas circunstancias a costa de todos los demás comete un error de cálculo», ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que «es un error» pensar que un sector estratégico puede tener un margen de beneficio y unos precios como los actuales sin que haya una reacción tanto regulatoria como social.