a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en un encuentro reciente. | Europa Press

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Al menos cuatro autonomías -la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Galicia- plantean acortar las cuarentenas del coronavirus, una propuesta a la que se oponen comunidades como Castilla y León y Andalucía y que previsiblemente se abordará hoy en la reunión de la Comisión Interterritorial, sin que esté previsto tomar este miércoles una decisión al respecto.

El pasado mes de diciembre fue la última vez que el ministerio y las comunidades autónomas abordaron la duración de las cuarentenas y, en aras de conciliar el cuidado de la salud con el mantenimiento de la actividad económica, decidieron reducirla por unanimidad de diez a siete días. No obstante, la propuesta inicial era dejarla en 5 días, y a ese planteamiento han vuelto algunas comunidades después de que la pasada semana la patronal madrileña reclamase acortar los aislamientos.

Es la Comisión de Salud Pública el órgano encargado de tomar esas decisiones y no está previsto que se reúna hasta la semana que viene. A favor de la revisión están, además de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, y Galicia. La Xunta ha anunciado hoy que propondrá en la Comisión de Salud Pública de la próxima semana la reducción de los aislamientos de los positivos y que lo «comentará» también hoy en el Consejo Interterritorial.

No obstante, el consejero de Salud gallego ha puntualizado que la cuestión tendrá que abordarse en el seno de la Comisión para determinar cómo sería la salida de estos aislamientos más reducidos, «si con prueba o sin prueba», aparte de otras cuestiones.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistió ayer en que es razonable que a medio plazo se reduzcan las cuarentenas, pero siempre de acuerdo con la posición de la Comisión de Salud Pública.

Además, en Cataluña el Departamento de Salud de la Generalitat pronostica que desde el próximo mes de abril el coronavirus se podría gestionar sin cuarentenas y sin pruebas para cada caso.

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Y el portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, ha reafirmado este miércoles que la Comunidad es partidaria de reducir los periodos de cuarentenas para los contagios por covid, por lo que defenderá este planteamiento esta tarde porque entiende que en muchos casos «puede ser suficiente un plazo inferior a 7 días».

Pero no todas las comunidades comparten este planteamiento. Hoy mismo el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha dicho que defenderá en la Interterritorial su posición de mantener las cuarentenas en siete días. Según ha explicado, aunque los indicadores de la covid bajan a «buen ritmo», todavía hay un «nivel alto epidemiológico», que indica que «todavía no es el momento de levantar esa vigilancia y prudencia».

«Pensamos que 7 días es un número óptimo para ver la evolución del virus», ha dicho esta semana también el consejero de Salud y Familias andaluz, Jesús Aguirre, para quien «lo que prevalece es la salud publica». «Mientras no haya evidencia científica de que con 4 días es suficiente, nuestra apuesta será con 7», defiende Andalucía.

La sexta ola ha tenido un gran impacto laboral, ya que hasta el 10 % de los cotizantes a la Seguridad Social -19,8 millones al finalizar el pasado mes de diciembre- estuvieron de baja por covid.

En España, las cuarentenas se prolongan durante siete días para los positivos asintomáticos y aquellos casos que desarrollen un cuadro leve de la enfermedad. En ningún caso es obligatorio la realización de un test para la reincorporación laboral, que en varias comunidades autónomas se ha ido automatizando con sistemas informáticos para no colapsar la atención primaria.

En el caso de personas vacunadas con la pauta completa, no es necesario guardar cuarentena por contacto con un positivo.

El pasado diciembre, la Comisión de Salud Pública aprobó «por unanimidad» reducir a 7 días las cuarentenas contra el criterio de los técnicos de la Ponencia de Alertas, que pidieron «más tiempo» para recabar «evidencias» sobre los efectos de la reducción.