El Govern alega «imposibilidad legal» para aplicar el cupo mínimo de clases en castellano

En su informe, la Generalitat defiende que ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en las escuelas y remarca que para «asegurar la mayor efectividad» de la sentencia «lo que procede» es que el TSJC «ordene» a los centros públicos y concertados de Cataluña que elaboren o revisen sus proyectos lingüísticos para adaptarse al nuevo marco legal establecido por el decreto que aprobó ayer el Govern. La Generalitat ha presentado este informe ante el TSJC el mismo día en que expira el plazo del ultimátum que le dio el alto tribunal catalán para que ejecutara su sentencia en la que ordenaba que hubiese un mínimo del 25 % de las clases en castellano.

Al respecto el ministro de Cultura y Deporte y líder del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que en España hay separación de poderes y que las instituciones y ciudadanos deben aplicar las sentencias, como sucede en el caso de Cataluña donde el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) fijó un mínimo del 25 % de castellano en las escuelas. «Cuando el poder judicial emite una sentencia todas las instituciones y ciudadanos tenemos que aplicarla», ha destacado Iceta después de que la Generalitat haya pedido al TSJC que declare la «imposibilidad legal» de aplicar la sentencia del TSJC.

Antes de participar este miércoles en el V Foro Cultura y Ruralidades en la localidad asturiana de Navia, el ministro ha afirmado que «las sentencias han de cumplirse» ya que España es una democracia y un Estado de Derecho con separación de poderes, donde el poder legislativo hace las leyes y el judicial vela por su cumplimiento. El Gabinete Jurídico de la Generalitat ha remitido un escrito ante el TSJC en el que argumenta que el decreto aprobado por el Govern, que no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales, es «incompatible» con la parte dispositiva de la sentencia del alto tribunal que obliga a garantizar que el uso del catalán o del castellano no sea inferior al 25 % de las horas lectivas.