La líder de Ciudadanos, a su llegada a la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación este miércoles en el Congreso. | Efe

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La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado este miércoles que las medidas anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez, durante la primera sesión del Debate sobre el estado de la Nación convierten a España en un «país bananero». Además, ha censurado que pida esfuerzos a la ciudadanía pero él no los haga. Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Arrimadas ha hecho hincapié en que los anuncios del presidente «generan inseguridad jurídica» y «un agujero inmenso». De este modo, ha lamentado que las medidas no se complementan con «reformas de calado» para «garantizar el crecimiento» en un futuro.

Así, ha aludido a la elevada inflación, que se sitúa en un 10,2 por ciento -el peor dato en casi cuarenta años- y ha señalado que este indicador ya estaba alto antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, una de las razones esgrimidas por el presidente para explicar el dato. Para la presidenta 'naranja', «lo más importante» es la realidad económica y social de las familias pero «la situación es absolutamente dramática». Por ello, ha cuestionado que Sánchez pueda «empatizar» con las familias que padecen la inflación. «No lo creo, porque si fuera así no podría sacar pecho de las medidas propuestas porque no solventan nada la situación de las familias», ha indicado, antes de resaltar que «la propaganda del Gobierno no anula el sablazo».

Arrimadas ha abundado en este asunto y ha señalado que las «mejores» medidas emprendidas por Sánchez han estado «impulsadas y financiadas» por Europa, pero que otras «empeoran la inflación, son cortoplacistas y contraproducentes» para lograr el objetivo principal, que es contener la inflación, «el peor impuesto para las familias». La presidenta de Ciudadanos, que ha matizado que como partido de la oposición no se alegra de la situación, ha asegurado que Sánchez el martes «contó un cuento» y sacó «el manual del buen populista». «Lo que hizo no es presentar medidas que necesitan los españoles, son las que usted necesita para pasar por este trámite (el debate) sin morir políticamente», ha afirmado, resaltando que él mismo «no se cree» ninguna de sus medidas y las presenta «por necesidad».

En esta línea, le ha preguntado que si «no le da vergüenza» pedir a los ciudadanos que bajen el aire acondicionado pero él no ha tocado «ni a uno del séquito de asesores y ministros». «¿Usted personalmente qué esfuerzo hace?», ha insistido. «Ha venido a improvisar y a solucionar su problema político, que es su debilidad, no el problema de los españoles», ha resumido, antes de pedir a Sánchez reformas educativas, un plan industrial o medidas de conciliación familiar, entre otras.

Durante su intervención, Arrimadas ha aludido a la transición energética, abogando por la energía nuclear. Según la líder 'naranja', el presidente no es el «único culpable» de que España no tenga una «política energética inteligente», pero ha acusado a sus políticas de «agravar» la situación. En este contexto, Arrimadas ha acusado al presidente de «cerrar los ojos a la realidad» y ha manifestado que pretender una transición energética sin contar con la energía nuclear «no es sólo sectario sino vivir en otro mundo». Asimismo, ha recordado que la Unión Europea (UE) clasifica como verdes las inversiones en nuclear y gas. Por otro lado, se ha referido a «otros problemas de fondo» que no se pueden achacar a este Gobierno, pero que se han profundizado con Sánchez en La Moncloa, como el paro y la precariedad juveniles.

Según Arrimadas, se está produciendo una «enorme injusticia a nivel intergeneracional» y ha subrayado que, a pesar de «haber hecho lo que se les pedía», los jóvenes -de hasta entre 30 y 35 años- no pueden comprarse una casa o pensar en tener una familia. Arrimadas ha introducido en este punto el asunto de las pensiones y se ha preguntado «cómo vamos a pagar una subida, una revalorización de las pensiones» si no va acompañada de una revalorización de los salarios. «Se van a cargar el sistema público de pensiones, lo van a reventar», ha advertido. Por ello, ha pedido al presidente que incluya las pensiones en el pacto de rentas y vincule la revalorización de la prestación al incremento de los salarios de los jóvenes que las mantienen, mencionando ejemplos de países, como Dinamarca, Japón o República Checa, que para las pensiones tienen en cuenta los salarios.

La presidenta de Ciudadanos ha acusado a Sánchez de «colonizar» las instituciones del Estado y ha asegurado que «no le gusta gobernar» sino «ejercer el poder en el sentido más amplio del término». Según Arrimadas, el presidente del Gobierno ha «colonizado» el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Fiscalía General del Estado o Correos y busca «controlar» el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «antes de irse». «Lleva intentándolo toda la legislatura», ha agregado. Ha mencionado también al PP como partido que otorga una «ayuda inestimable» al PSOE para lo propio, mencionando, entre otras cosas, que ambos partidos se han «repartido» el Tribunal Constitucional.

Asimismo, ha acusado a Sánchez de aplicar un «disolvente» a la igualdad y la libertad de los españoles. En este punto ha mencionado que muchas zonas de España carecen de infraestructuras, algo que ha atribuido a «décadas de cesiones al independentismo», o la sentencia del 25 por ciento de las clases en castellano en escuelas catalanas. «Llegó (a La Moncloa) a hombros de la cuadrilla del odio a España pero se ha mantenido gracias a infamia tras infamia», ha señalado, aludiendo a los indultos a políticos del procés o el acercamiento de presos etarras. Y en esta línea, ha culpado al Ejecutivo de proteger «a los delincuentes, insumisos, condenados y lo hace sin escrúpulo ninguno». «Es que no le importa, no supone ningún reparo moral».

Asimismo, ha recriminado que, gracias a los apoyos parlamentarios que cosecha, Sánchez ha entrado en una «deriva de imposición ideológica», un «liberticidio claro» que le permite sacar adelante «leyes sectarias». Por último, le ha pedido «por favor sacar del cajón» la Ley de ELA, en la que se reconoce el 33 por ciento de grado de discapacidad para los pacientes desde el diagnóstico de la patología, así como una atención preferente y la posibilidad de acogerse al bono social eléctrico, en aquellos casos avanzados que necesiten de uso de ventilación mecánica invasiva o no invasiva y que cuenta con el apoyo de todos los grupos de la Cámara Baja.