El presidente de Aragón, en una imagen de archivo. | Efe

El cuatripartito de Aragón (PSOE, Podemos, CHA y PAR) ha llegado a un acuerdo, que ha anunciado este viernes su presidente, Javier Lambán, para bajar el tramo autonómico del IRPF a los contribuyentes que en tramitación individual ganen menos de 50.000 euros o 90.000 en tramitación conjunta. Una reforma que ha anunciado en la segunda sesión del debate sobre el estado de la comunidad y que ha calculado que podría afectar a 720.000 personas (el 99 % de los contribuyentes).

Lambán ha avanzado que este mismo miércoles se llegó en el seno del Gobierno a este acuerdo para «actualizar» la cesta impositiva de Aragón, después de que los grupos parlamentarios hicieran llegar sus propuestas al respecto al consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. De este modo, se plantea la reducción de los tipos vigentes hasta el quinto tramo (es decir, hasta los 50.000 euros brutos anuales), además de repercusiones graduales y descendentes hasta el octavo tramo (90.000 euros) con el objetivo, especifican desde el Gobierno de Aragón, de «no penalizar las declaraciones conjuntas».

Lambán no ha precisado el alcance de la rebaja, pero el tipo que se aplicará se situará en la media de lo plantado por los grupos de la oposición de derechas en las propuestas que enviaron al consejero Anadón. La medida será efectiva a partir del 1 de enero de 2022 y se añade al impacto de las medidas aprobadas por el Ministerio de Hacienda en su última reforma, que tendrán efecto en las retenciones de las nóminas desde el 1 de enero de 2023, que aunque son medidas estatales serán sufragadas a la mitad por las comunidades autónomas.

La reforma incluye también reducciones en los impuestos por donaciones al cónyuge o a los hijos para la compra de vivienda habitual y por adquisiciones de bienes o empresas por causa de muerte. Pero además, el acuerdo incluye varias medidas de fiscalidad medioambiental, para incrementar un 10 % todos los tramos del impuesto sobre las grandes superficies y un 15 % otros dos: el que grava determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada y el de las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Lambán, además, ha explicado que el cuatripartito ha encargado a Anadón que haga un estudio sobre la posibilidad de implantar un impuesto sobre el impacto visual y paisajístico de las grandes instalaciones de producción de energías renovables. Es una reforma, ha insistido, equilibrada; estructural y por tanto alejada de medidas «de urgencia» como la deflactación que piden desde las filas populares; ajustada porque reparte «de manera equitativa» los esfuerzos «en función de la renta», y adaptada a las oportunidades de crecimiento de la comunidad.