El Constitucional aún tendrá que resolver las recusaciones contra dos magistrados

UP primero y PSOE después reclamaron en sendos escritos apartar al presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez, alegando que tienen un «interés directo» en el asunto por ser los dos magistrados que serían reemplazados por los dos candidatos propuestos por el Gobierno -el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez- en el caso de que la reforma saliera adelante.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, cuando llegó el momento de abordar las recusaciones formuladas, González-Trevijano y Narváez se negaron a apartarse voluntariamente, lo que dio lugar a un debate donde finalmente se impuso la mayoría conservadora -6 magistrados frente a 5- decidiéndose que no era el momento procesal oportuno para analizar si debían quedar al margen del tribunal.

La razón esgrimida por el bloque conservador es que lo pedían UP y PSOE, a quien solo minutos antes se les había concedido el estatus de parte coadyuvante, una posición procesal que condiciona su actuación a la del actor principal, en este caso el Congreso de los Diputados, a quien anoche mismo se le ofreció comparecer como parte demandada, algo que aún no ha hecho. Las fuentes explican que, en principio, UP y PSOE no podrán mantener las recusaciones contra González-Trevijano y Narváez sin que el Congreso respalde dicha petición, aunque al mismo tiempo apuntan que no es una cuestión pacífica, por lo que llegados a ese punto auguran un debate jurídico al respecto. Si finalmente se diera vía libre a la solicitud de 'morados' y socialistas, se abriría un trámite separado dentro del procedimiento constitucional para recabar la opinión del conjunto de los magistrados y, en último extremo, votar sobre la continuidad de los dos recusados.

De apartarse a González-Trevijano y Narváez, el equilibrio de fuerzas cambiaría, ya que el recurso de amparo del PP quedaría en manos de un tribunal integrado por cinco magistrados progresistas y cuatro conservadores. En este contexto, algunas voces de la corte de garantías plantean por qué se quiere alejar solamente a González-Trevijano y Narváez del tribunal que adoptará la decisión final, cuando están en la misma situación de interinidad que otros dos magistrados: el vicepresidente del TC, Juan Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares.

Estos cuatro magistrados vieron expirar su mandato el pasado 12 de junio. Y, desde entonces, aguardan su sustitución por parte del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que son los dos órganos a los que la Constitución encarga renovar este tercio de magistrados. Precisamente, la reforma frenada tenía por objetivo despejar los obstáculos para que Campo y Díez, que fueron designados el 29 de noviembre por el Ejecutivo, puedan tomar posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos aspirantes del CGPJ.

Y ello porque las negociaciones en el seno del CGPJ, que comenzaron formalmente el pasado julio, cuando las Cortes Generales le devolvieron el poder de nombrar a sus dos candidatos al TC, encallaron el 2 de diciembre por el veto tácito del bloque conservador al aspirante del ala progresista: el magistrados del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.

Además, las fuentes subrayan que contra la decisión del TC de aceptar las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP en su impugnación aún cabe un último recurso, el de súplica, que podrá interponer el Congreso cuando consume su personación en la causa en los cinco días siguientes. Al mismo tiempo, las fuentes recuerdan que el Constitucional abrió anoche una vía independiente para dar tiempo a las partes aceptadas -PP, PSOE, UP y Congreso (más Fiscalía)- a realizar las alegaciones que consideren oportunas sobre las medidas cautelarísimas.

Para ello, tendrán diez días. No obstante, las referidas fuentes hacen hincapié en que ni el recurso de súplica ni la pieza separada de medidas cautelares tendrán efectos prácticos, una vez detenidos el debate y la votación en el Senado, y superado el próximo jueves, cuando estaba previsto que la Cámara Alta aprobara la reforma suspendida. En este escenario, revocar la paralización urgente sería algo «sin sentido», afirman.

Asimismo, las fuentes consultadas apuntan que es improbable que cualquiera de estos asuntos -recurso de súplica y medidas cautelares- quedaran resueltos antes de Reyes. Para la decisión de fondo sobre el recurso 'popular', tampoco hay prisa, anticipan. Con todo, el Constitucional confía en volver a sus tiempos después de una situación, como la vivida ayer, que las fuentes califican de excepcional pero que aseguran que en el seno del tribunal se vivió con «cordialidad». En este sentido, sostienen que fue un debate «intenso» pero no bronco. Las posturas de ambos bloques estaban claras desde el principio pero «se escuchó a todo el mundo con respeto», afirman.