El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), conversa con los viceportavoces del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz (d) y Ángel Ibáñez (2d), al inicio del debate celebrado tras la presentación de las novedades sobre el aborto en la región. | Efe

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La polémica presentación de los protocolos sanitarios que afectarán a las mujeres que deseen abortar en Castilla y León marca la actualidad informativa. Este pasado jueves el gobierno autonómico de Partido Popular y Vox dio a conocer sus nuevas medidas, que según afirmaron buscan informar a las mujeres. Entre ellas, se incluye una ecografía 4D del feto y una prueba para escuchar el latido fetal, tal y como destacó el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

A partir de ahora la sanidad pública castellanoleonesa, Sacyl, contará con un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de mujeres embarazadas «que lo requieran», como fórmula para prevenir interrupciones del embarazo, además de ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para que los progenitores puedan «escuchar el latido del bebé» y una ecografía 4D antes de abortar.

El vicepresidente ha explicado el contenido de estas nuevas medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha defendido que se trata de un acuerdo asumido por el Ejecutivo autonómico en su conjunto, con un agradecimiento específico hacia el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez (PP), con quien han negociado estas iniciativas y a quien ha visto «muy dispuesto». Preguntado por el cambio concreto que introducirá el protocolo de Atención Primaria en el trato a las mujeres embarazadas que allí acudan, García-Gallardo ha dicho que se dará un trámite «preferente» y los profesionales les ofrecerán acceso a «una atención psicosocial específica», algo esto último ya previsto en la Ley del Aborto, que establece la necesidad de ofrecer atención psicológica y un periodo de reflexión de al menos tres días. Preguntado por en qué semana se realizará dicha ecografía, Gallardo ha dicho desconocerlo, y ha agregado que no sabe mucho de embarazos, una mención que ha sido destacada por algunos de los principales medios de comunicación nacionales.

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De todos modos, la intención de la Junta es que estos nuevos protocolos de atención a las mujeres embarazadas entren en funcionamiento «inmediatamente», aunque ha reconocido que las cuestiones de logística, como un posible incremento de plantillas en el ámbito psicológico o adquisición de aparatos, corresponden a la Consejería de Sanidad, quien de momento no ha plasmado un plan de ejecución ni ha ofrecido detalles en una materia que es de su competencia, a pesar que quien la haya presentado en público haya sido el socio minoritario del ejecutivo regional.

El vicepresidente ha desgranado que la segunda de las medidas «provida» pactadas dentro del marco del acuerdo de gobierno entre el PP y Vox se concreta en un «protocolo de latido fetal», que se materializará en que las gestantes podrán acceder entre las semanas sexta y novena del embarazo a una ecografía, con la intención de que se vinculen emocionalmente al bebé, mientras que se mantendrían las actuales tres ecografías para las semanas 12, 20 y 33 de la gestación.

Según figura en la documentación aportada por la Junta, el objetivo es favorecer la «implicación emocional» de la familia respecto al feto, al observar «una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto de cuerpo», aunque este momento del proceso ya sería incompatible con una interrupción del embarazo legal. Por último, García-Gallardo ha defendido el derecho de los médicos a ejercer la objeción de conciencia para evitar practicar abortos, algo generalizado en Castilla y León, donde únicamente se realizan de forma habitual en el Hospital de Miranda de Ebro, mientras que en el resto de provincias suelen derivarse por parte de Sacyl a clínicas privadas.

En este sentido, el vicepresidente ha dicho que con estas medidas quiere enviar «un mensaje claro» en el sentido de que no se prestarán a la realización de «listas negras» de médicos que rechacen practicar abortos, en referencia a la nueva normativa estatal al respecto. García-Gallardo ha justificado estas medidas, aún en fase de propuesta y que deberán ser materializadas en una Orden de la Consejería de Sanidad, en la realización de unos 2.500 abortos en Castilla y León en 2021, el 7 por ciento más que en el año anterior.