Rueda de prensa del presidente Sánchez. | Reuters

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró este viernes convencido de que la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos es por motivos fiscales, no de seguridad jurídica, y subrayó que «la patria no es sólo hacer patrimonio, sino ser solidario y arrimar el hombro y ayudar cuando tu país lo necesita».

En rueda de prensa junto a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, Sánchez respondió así a preguntas sobre la decisión del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, de trasladar la sede de esta constructora española a Países Bajos. El jefe del Ejecutivo español también ha recordado que, en el caso de Rafael del Pino, «estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y, en buena medida, esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país y a la contribución de los españoles».

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Asimismo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha señalado que la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos muestra «poco compromiso» con España y que la empresa se ha forjado gracias a la inversión pública en nuestro país. Así lo ha asegurado Sánchez este viernes en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), acompañada de la alcaldesa del municipio, Núria Parlón, donde ha visitado las obras previstas en el entorno de la carretera B-20.

«Es una empresa que se ha forjado, ha crecido, gracias a la inversión pública, gracias a esas infraestructuras que hemos pagado los españoles y españolas», ha destacado. Sánchez ha recordado que la empresa ha recibido adjudicaciones en los últimos años de obras por valor de más de 1.000 millones de euros.

«Hay cuanto menos más de 1.000 millones de razones para que Ferrovial siga manteniendo aquí su sede social, y hay también 47 millones de españoles que merecen que esta empresa siga comprometida con su país», ha denunciado. Respecto a si el cambio de sede social podría afectar a adjudicaciones a Ferrovial, Sánchez ha señalado que el Gobierno cumple con la ley, «el marco jurídico que define como se tienen que hacer las contrataciones públicas», lo que permite que el país tenga «seguridad jurídica».