Irene Montero quiere que los contratos de gestación subrogada sean «perseguibles en el extranjero». | Youtube: Europa Press

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La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado que la explotación reproductiva «no es legal» en España y ha abogado por modificar la ley para que los contratos de gestación subrogada sean también «perseguibles en el extranjero». «La explotación reproductiva no es legal en España y gracias a este Gobierno es reconocida como forma de violencia contra las mujeres y, en mi opinión, deberíamos cambiar la ley para que los contratos sean también perseguibles en el extranjero», ha subrayado Irene Montero, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso.

Así se ha pronunciado la ministra de Igualdad en respuesta a una pregunta del diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz sobre «qué motivos justifican que el Gobierno de España siga sin impulsar una ley de gestación subrogada altruista». Para Montero, la «explotación reproductiva» es «indisociable al género y a la pobreza» y ha reproducido las declaraciones de un responsable de clínicas de subrogada en las que reconoce que buscan a gestantes en «repúblicas exsoviéticas» porque estas «deben ser más pobres que los clientes». Según la ministra, este hombre asegura que no ha conocido «a una sola mujer en buena situación financiera que quiera pasar por este proceso por amabilidad».

Además de recordar a Díaz que el Parlamento Europeo ya determinó en 2015 que esta práctica es «contraria a la dignidad humana», también ha leído en su intervención una sentencia del Tribunal Supremo español en la que se recoge que los contratos por subrogada obligan a la gestante a renunciar a cualquier derecho referente al niño incluso antes de la concepción y a someterse a tratamientos que suponen riesgos para su salud. El Supremo también habla de violación del derecho a la intimidad de las gestantes y a que los contratos regulan cuestiones sobre salud de estas mujeres, así como qué deben comer o beber o asuntos sobre su vida personas.

Del mismo modo, indica que restringe sus movimientos, que se atribuye poderes sobre que la gestante siga o no con vida en caso de una situación de peligro mortal, o se trata al niño como objeto de cambio, entre otras cosas. Montero ha explicado que para garantizar el derecho a formar una familia hacen falta medidas de conciliación, regular alquileres, topar el precio de la vivienda o garantizar trabajos dignos, entre otras medidas. «Los cuerpos de las mujeres ni se venden ni se alquilan», ha declarado. Por su parte, el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha acusado a la ministra de Igualdad de «sectaria» y de «usurpar» los cuerpos de las mujeres. Díaz ha relatado un caso «habitual» en el que una mujer con cáncer de útero congela sus óvulos antes del tratamiento y, como consecuencia del mismo, no puede gestar y decide recurrir a esta práctica. «Lo permite la medicina, lo quiere la madre, lo quiere el padre, lo quiere la gestante, pero no lo quiere Irene Montero», ha denunciado.

«¿Quién se cree para impedir a esa mujer ser madre o para prohibir a una mujer gestar altruistamente?», ha preguntado el diputado de Ciudadanos. A su juicio, la ministra debería añadir un apéndice a su lema habitual 'mi cuerpo es mío' para añadir «y el tuyo también». «Usurpa los cuerpos de las mujeres», ha denunciado, para mostrar su contrariedad sobre que la ministra hable de libertad para el aborto y no en este caso. También se ha dirigido a PSOE, PP y Vox, contrarios a regular la gestación subrogada, para rechazar su censura a votar sobre este tema en la Cámara y les ha acusado de ser los mismos que se opusieron a los tratamientos in vitro y a trabajar con células madre y a los que se escandalizaron con el sistema circulatorio de Miguel Servet o la defensa del modelo copernicano por parte de Galileo.