Solo sí es sí, la ley que partió en dos a la coalición de Gobierno

Tras un millar de condenas de agresores sexuales rebajadas y un centenar de excarcelaciones, a finales de abril las Cortes aprobaron definitivamente la reforma de una ley que llevaba apenas seis meses en vigor y que había situado al Ejecutivo en la diana de todas las críticas.

Los socialistas fueron incapaces de convencer al Ministerio de Igualdad y a Unidas Podemos y a varios de sus socios de la investidura, con lo que tuvieron que apoyarse en el PP para volver a subir las penas de las agresiones sexuales con violencia e intimidación y recuperar las horquillas del Código Penal anterior.

Convertida en un arma arrojadiza en la campaña de las recientes elecciones autonómicas y municipales, es previsible que la ley y sus «efectos indeseados» sigan presentes en el argumentario político hasta el 23J, a la espera de conocer las cifras actualizadas de condenas revisadas.

La reforma se limitó a la parte penal de la ley, un texto que, más allá de la controversia en torno al castigo de los agresores, creó un amplio paraguas de protección para las víctimas. La norma obliga a las comunidades a contar con centros de atención 24 horas, garantiza a las víctimas ayuda psicológica y asistencia jurídica gratuita y apuesta por la especialización de los operadores jurídicos y de todos los profesionales que las atienden.