Inmaculada Benito asegura que el principal activo de las empresas es el capital humano.

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Inmaculada Benito, presidenta de la poderosa Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, mantiene intactas sus críticas al nuevo impuesto turístico y no descarta acudir a los tribunales de justicia; considera que la mejora de la competitividad ha de aumentar la cohesión social, al tiempo que se declara contraria a la limitación del número de turistas y absolutamente contraria a que el alquiler vacacional pueda legalizarse en plurifamiliares.

El nuevo impuesto turístico se comenzará a cobrar de forma inminente y la temporada se presenta excelente. ¿No era para tanto?

Nosotros, evidentemente, tenemos un posicionamiento contrario. Pensamos que los efectos del nuevo impuesto sobre la competitividad van a ser elevados y que se percibirán en el medio y largo plazo. Al final, estamos desviando dinero del canal privado al público sin tener definido exactamente a qué se destinarán los fondos. Nosotros trabajamos ahora para que la aplicación del impuesto sea lo menos traumática posible, para que los establecimientos puedan trabajar ordenadamente, pero lo hacemos con dificultades porque aún no tenemos el reglamento definitivo. Trabajamos con un borrador, que esperamos que no sufra muchas modificaciones, pero que no deja de ser un borrador. Intentamos que para el cliente tenga la mínima incidencia posible.

En todo caso, es evidente que las consecuencias de la implantación no se notan en el corto plazo.

Los perjuicios comenzaron en el mismo momento en el que se anunció.

Pero no se notará esta temporada.

En términos de flujo de demanda es cierto que no se va a notar, fundamentalmente por la situación comercial que tenemos, que es excepcional. Tenemos claro y analizado que los efectos sobre la competitividad son importantes.

Según su opinión, ¿limitará la inversión en el futuro?

Sí. Sin duda.

¿Afectará especialmente a la temporada baja?

Es evidente que no tiene sentido poner un gravamen en la temporada baja cuando estamos intentando la redistribución de flujos y mejorar los periodos de producción. La incidencia, lógicamente, va a ser mayor.

¿Asumirán, finalmente, los hoteleros el coste del impuesto?

El impuesto se cobrará a los clientes en la mayoría de los casos.

¿Es posible mejorar la competitividad sin bajar salarios?

El concepto moderno de competitividad conjuga la cohesión social con la mejora de las rentas privadas. Nosotros abogamos por una competitividad global, que mejore la renta social y la privada.

¿Habrá batalla jurídica?

Aún lo hemos de analizar. No cerramos ninguna puerta.

¿Entiendo que no está descartado llevar el nuevo impuesto a los tribunales?

No está descartado.

Los hoteleros han hecho durante los últimos años un esfuerzo inversor para reformar, modernizar y, en muchos casos, subir de categoría sus establecimientos. En todo caso, no pueden venir 12 millones de turistas a hoteles de 4 o 5 estrellas.

Evidentemente, no. La mejora de la calidad no tiene que ir siempre ligada a un aumento de categoría.

¿Es conveniente limitar el número de turistas?

Establecer límites en el siglo XXI no tiene ningún sentido. La gran cuestión es saber qué tipo de modelo turístico queremos para España y para Balears en el futuro. Las externalidades que provocan los turistas no son todas iguales. Una vez que tengamos definido el modelo turístico que queremos, nos hemos de centrar en cómo lo desarrollamos. Y va más allá del tema territorial.

¿Y debe limitarse el número de coches de alquiler? ¿Y el número de visitantes de la Serra de Tramuntana?

No. Se ha de hacer una gestión adecuada de las infraestructuras. Se ha de ordenar el uso intensivo que se puede hacer de un determinado recurso.

¿Hay muchos hoteles afectados por los cambios introducidos por el Govern en la Ley del Turismo o los establecimientos que querían modernizarse han tenido tiempo para presentar sus proyectos?

En primer lugar se ha de señalar que se han tomado estas medidas antes de que finalizara el plazo existente para la realización de reformas. Hay proyectos que estaban planificados en función de lo que decía la ley. Eso ha generado mucha inseguridad jurídica.

¿Cómo valora la posible supresión de las exenciones existentes para la creación de nuevas plazas?

Es un error. El proceso de reposicionamiento en el que están inmersas las zonas maduras no debería pararse. El hecho de que se intente regular aún más la oferta hotelera eliminando los incentivos a la inversión es paralizar un proceso que nos llevaba a una mejora evidente de la calidad. Se estaban creando puestos de trabajo y las rentabilidades sociales y privadas estaban mejorando.

Hay más de 40.000 plazas hoteleras, ¿deben compartirse con el alquiler vacacional? ¿Suprimirse?

La normativa que se elaboró años atrás, precisamente para fijar un número máximo, establecía el intercambio de plazas obsoletas por nuevas plazas de más categoría. Esas plazas han de estar ahí y no deben compartirse con nadie. Hay que mantener el registro de plazas como está. Así debe continuar. Desde la Federación apoyamos desde siempre la moratoria hotelera en vigor desde los años 80.

¿Y no deben compartirse con el alquiler vacacional?

Nosotros pensamos que no deben compartirse. Pensamos que es incompatible la incorporación de un número ilimitado de plazas como se está planteando en estos momentos con la sostenibilidad del modelo turístico por el que apostamos. Defendemos que sea el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) el que analice zona por zona lo que se tiene que hacer. A partir de ahí, si ha de mejorarse la normativa existente debe hacerse, siempre intentando equilibrar las exigencias urbanísticas que se tiene con la oferta reglada con la oferta a incorporar. En todo caso, nunca debería ser una incorporación masiva de plazas. Deberían mantener los techos ya existentes.

Entiendo que debe limitarse el número de plazas turísticas para el alquiler vacacional.

El alquiler vacacional ya está regulado. Entendemos que no deben incorporarse nuevas modalidades de viviendas al alquiler vacacional. Al revés, abogamos por un modelo más restrictivo.

¿Más restrictivo? ¿En qué sentido?

Eliminando todo lo que sea propiedad horizontal, que es lo que genera problemas sociales, de acceso a la vivienda y de convivencia. Dentro de las modalidades que la ley contempla están los pareados. Nosotros seguimos sin ver la incorporación de los plurifamiliares. Creemos que sería la quiebra del actual modelo turístico.

El sector hotelero se ha relacionado mucho en los últimos meses con la precariedad laboral e, incluso, con la explotación.

Los problemas de los trabajadores son los problemas de los empresarios. Nuestro principal activo es el capital humano de nuestras empresas. Además, se ha avanzado muchísimo en cuestiones como la prevención de riesgos laborales. En paralelo, tanto las organizaciones sindicales como la administración y como los empresarios trabajamos conjuntamente en las mesas del seguimiento del convenio colectivo para mejorar las condiciones de los trabajadores. No me consta que haya denuncias importantes en este sentido.

¿Debe regularse el todo incluido?

Ya está regulado. Hacer regulaciones sobre regulaciones es innecesario y poco eficiente.

¿La inestabilidad institucional que vive España puede llegar a afectar al turismo?

Por supuesto. De hecho, ya tiene consecuencias sobre la economía y las tendrá también sobre el turismo.

¿No ha sido tentada por el mundo de la política?

Es un mundo que vivo muy de cerca. De momento, no he estado tentada.

Usted practica el boxeo, ¿le ayuda a encajar mejor y pegar más duro?

Lo practico poco y desde hace muy poco tiempo. Sencillamente, es una forma de hacer deporte. Sin más.

La hostelería es tradicionalmente un mundo muy masculino, ¿cómo se siente usted como mujer?

Muy cómoda. Es cierto que es un mundo más masculino que femenino, pero siempre he trabajado con mucha comodidad.

Una de las actividades fundamentales de la Federación Hotelera es ejercer de lobby. Es fácil suponer que con la actual coyuntura política no es sencillo.

Nuestra principal actividad, precisamente, es la actividad de lobby. Está claro que en estos momentos, con la actual coyuntura política, es complicado. No se fomenta la colaboración público-privada. Por nuestra parte, intentamos llegar a acuerdos que sean beneficiosos para Balears.