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Una de las varias reformas todavía pendientes para mejorar el funcionamiento de la economía es la gestión de las ITV, que actualmente está otorgada en concesión en el caso de Mallorca y Menorca y explotada directamente en el caso de Eivissa.

A la luz de la experiencia de todos estos casi treinta años, parece que los consells de nuestras islas podrían promover una ruptura del monopolio mediante un proceso de liberalización, que mejore el servicio, reduzca los precios y otorgue más poder y comodidades a los usuarios, incrementando sustancialmente las rentas de los consells.

Por ejemplo, en el caso de Mallorca ahora tenemos una única empresa que gestiona cuatro estaciones, disfrutando de un poder monopolístico precapitalista, que limita los incentivos a la gestión eficiente orientada a la comodidad de los usuarios. De hecho, pasar la ITV conlleva perder, como mínimo, una mañana laboral y otros costes que se añaden a las tasas e impuestos que deben pagar. Con precios por encima del coste del servicio, lo que le permite obtener abultados beneficios a la empresa privilegiada.

La literatura económica acepta que actualmente los costes de cumplir con las obligaciones administrativas suponen cerca del 25% del propio coste de los tributos, lo que, sin duda, supone una fuerte pérdida de competitividad para las empresas que operan en nuestro territorio.

Así, pues, es esencial conseguir precios y tiempos competitivos, para lo cual el Consell debe contar con el instrumento de "introducir mayores grados de competencia", por ejemplo, otorgando cada estación a empresas diferentes, o mejor aún, liberalizando todavía más el servicio, al menos para turismos y motocicletas particulares, o en su caso adoptando una fórmula híbrida entre ambas.

Las alternativas más liberalizadoras implicarían que el Consell acreditara a todos los talleres que cumplan los requisitos exigidos para certificar el buen estado del vehículo, como en el caso de las revisiones médicas para conducir, de las instalaciones de gas, etc., con lo que la competencia entre establecimientos garantizaría precios ajustados a los costes, así como todo tipo de facilidades para los usuarios, además de mayores rentas para la institución insular.

La idea de constituir una empresa pública solo se explica porque los lobbys de interés -sean grandes empresas o potenciales funcionarios- se encuentran con un Consell de ideología populista claramente sobrefinanciado, al que no le importa el coste que sus acciones imponen a los ciudadanos. De hecho, es una fórmula ya ensayada en Eivissa con deficientes resultados y con una gran dificultad de reversión.

La gran contribución de Adam Smith fue poner de manifiesto el daño que monopolios y otros de privilegios de grupos concretos causaban al bienestar colectivo. Ahora, el Consell tiene una oportunidad para pensar en el público general, en vez de hacerlo para un grupo de interés.