Gomila asegura que los cambios legislativos introducidos en los últimos años, tendentes a limitar la oferta de este tipo de negocio, unido a una menor rentabilidad por el descenso en el número de turistas, ha provocado este decrecimiento en viviendas turísticas en el archipiélago balear. “El peor momento para modificar la Ley Turística fue cuando teníamos 4,5 millones de turistas adicionales que no eran nuestros; vivíamos en un contexto internacional en el arco mediterráneo en el que casi el único destino turístico seguro éramos nosotros”, apunta Gomila.
El profesor de Derecho Mercantil de la UIB y coordinador académico del congreso, Juan Franch, apuesta por que “se deje de demonizar un sector que es bueno para la sociedad”. De hecho, en este encuentro, en el que han participado cerca de 150 personas y ha habido 30 ponentes en ocho charlas diferentes, se ha puesto de manifiesto que las viviendas de uso turístico representan el 20 por ciento de la oferta de alojamiento en España con un volumen de 63.500 millones en el PIB nacional y supone un puesto de trabajo por cada dos viviendas. En este sentido, tampoco creen que las viviendas turísticas sean las responsables del alza de los alquileres ya que, en Balears, las de uso turístico suponen el 6,79% de todas las viviendas, mientras que las que están vacías son el 16,2%, aproximadamente 85.000 viviendas sin uso. “Lo que hay que hacer es seducir a los propietario de estas viviendas vacías”, destaca Gomila.
NORMATIVA. En el congreso se puso de manifiesto la complejidad a nivel normativo que sufre el sector debido a la gran disparidad de leyes que hay a nivel nacional y los distintos niveles legislativos a nivel autonómico. Unas administraciones que no disponen de los medios suficientes y necesarios para controlar la actividad irregular en el sector. De esta manera, también proponen la creación de un registro a nivel nacional de este tipo de oferta y una definición homogénea de lo que es una vivienda turística para acabar con las diferencias en las diferentes comunidades autónomas.
El número de plazas de viviendas turísticas en Eivissa está limitado a 20.500 y el alquiler turístico solo está permitido en viviendas unifamiliares. Sin embargo, la lentitud burocrática ha provocado que cerca de 900 propietarios todavía carezcan del número de registro turístico con el que poder, por ejemplo, publicitar su vivienda turística en las plataformas comercializadoras a través de internet.
El conseller insular de Lluita contra l’Intrusisme, Mariano Juan, apuntó en la primera de las conferencias del congreso que, a día de hoy, hay 863 expedientes pendientes, que suponen 6.330 plazas turísticas de viviendas vacacionales que, en su momento, presentaron una declaración responsable de inicio de actividad (DRIAT) en plazo y forma y que están a la espera, en algunos casos desde el año 2015, de obtener este número de registro turístico.
Hasta el momento, el departamento de Turisme del Consell d’Eivissa llevaba a cabo una inspección previa y luego se otorgaba el número de registro.
Sin embargo, para Mariano Juan, el sentido de las DRIAT es que, una vez presentada la documentación, se pueda ejercer “sin tener que esperar a que la administración y la burocracia te dé permiso, eso es una declaración responsable”.
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