Imagen de archivo de la descarga de mercanías de construcción en el puerto de Palma. | Curro Viera

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La ley de minimis es una normativa europea que limita a 200.000 euros en tres años la cuantía máxima de subvenciones que puede recibir una empresa para el transporte de mercancías. Es una cifra muy inferior en relación con los costes aéreos o marítimos que afronta una empresa de Balears para poder operar. Esta norma hace que, en la práctica, las empresas de las Islas no puedan compensar debidamente el sobrecoste derivado de la insularidad y, además, impide acceder a otras subvenciones. Es por ello que la Cámara de Comercio, así como el Govern y los partidos en la oposición, trabajan para que la bonificación al transporte de mercancías sea considerada una excepción en la aplicación de la ley de minimis a las empresas de las Islas.

Trasladar los productos en barco o avión es mucho más caro que hacerlo por carretera. Es un sobrecoste en la producción que Balears debe asumir por ser un territorio insular. Además, ser islas presenta otras desventajas, como que el mercado local es restringido y que las empresas no pueden aprovechar las economías de escala dadas las pequeñas dimensiones del mercado. Todo ello hace que, año tras año, cierren empresas industriales y manufactureras. De hecho, si hace 20 años representaba un 5,1% del Producto Interior Bruto, hoy solo genera el 2,5%. Para paliar la desventaja que supone transportar materias primas y productos elaborados a unos costes más elevados que si se hiciera por vía terrestre, la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ofrece una ayuda al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino Illes Balears. Se trata de una compensación del 65% del coste efectvivo del flete de las mercancías en origen -productos fabricados en las Islas y enviados fuera- y el 60% del coste en destino -productos de fuera que se venden en las Islas-, tanto entre Balears y la Península como hacia países de la Unión Europea.

Tal y como recoge la Cámara de Comercio de Mallorca en un informe reciente, en 2019 se otorgaron subvenciones al transporte de mercancías a 343 empresas de Balears por valor de 3,1 millones de euros, que se cobraron en 2020. Las ayudas se tramitan a través de Delegación de Gobierno. Del importe que llega, un 70% es a importación y un 30%, a exportación. El sector de la madera es el que más subvenciones recibe, con un total de 108, seguido del de metalurgia, con 47, y los productos alimentarios, con 29. Por islas, 239 empresas beneficiadas eran de Mallorca, 97 de Menorca y siete de Eivissa. El total de subvenciones a los fletes, que se cobraron en 2020, fue de 3.121.271 euros. El sector de la madera recibió 478.649 euros. Le siguen los sectores de industria alimentaria (429.514 euros), metalurgia (380.257 euros), productos químicos (338.701 euros), industriales de construcción (337.654 euros), piel y cuero (317.616 euros), muebles y otros artículos manufacturados (181.191 euros) y bebidas alcohólicas (173.920 euros).

El impacto total de las ayudas al transporte de mercancías se estima de 4,6 millones de euros: 3,1 de impacto directo, que es el derivado de la demanda, y 1,5 millones de impacto indirecto, que considera las compras o gastos que realizan estas empresas para consumir en el propio proceso productivo, sobre todo en agricultura y ganadería, suministros, construcción, comercio y transporte terrestre de mercancías. Estos 4,6 millones de euros suponen solamente un 0,01% del Valor Añadido Bruto. «Este porcentaje, que en conjunto no es significativo, al desglosarse por tamaño de empresa el impacto total aumenta hasta el 3% sobre la cifra de negocios de las empresas de menor tamaño, lo que da una idea de la importancia que cobra esta ayuda para empresas productoras pequeñas que necesitan comprar o vender materias primas o productos fuera de la isla», se apunta en el informe.

La subvención media por empresa es de 9.100 euros anuales. Sin embargo, seis de cada diez empresas recibe una subvención inferior a los 6.000 euros y el 40% solo llega a los 3.000 euros, mientras que el 7% del total cobra de 30.000 a 100.000 euros. Estas últimas son las que pueden tener conflictos con el techo de minimis. La subvención media por empresa difiere según el sector. Los negocios de vidrio y sus productos reciben 39.871 euros de media, y los de bebidas no alcohólicas, 38.080 euros. En cambio, los de naves y material de transporte naviero solo reciben 2.900 euros de media. Los costes de transporte han aumentado para las empresas de Balears en los últimos años, ya que para el mismo número de solicitantes, alrededor de los 350, la cuantía que se pide bonificar ha pasado de los 4,8 millones de euros en 2016 a 4,9 millones en 2017, 5,04 en 2018 y 5,4 millones en 2019. Lo que quiere decir, apunta la Cámara, que se aprecia un aumento de costes año tras año.

LEY DE MINIMIS. El Reglamento 1407/2013, llamado Ley de minimis, establece que las ayudas a percibir por una empresa a lo largo de un periodo de tres años quedan limitadas a un importe máximo de 200.000 euros. Dentro de esta consideración se encuentran las ayudas al transporte de mercancías. En consecuencia, no se cubren todas las necesidades de las empresas en lo que respecta a las bonificaciones al transporte. En 2019 solo se recibieron 3,1 millones de euros de los 5,4 millones que se habían solicitado, que representan solamente el 60-65% del coste real del flete. La misma situación se repite cada año: en 2016 se solicitaron 4,8 millones pero se recibieron 3,9; en 2017 se pidieron 4,9 y se recibieron 4,2. y en 2018 se pedían 5,04 pero se recibieron 3,3 millones. «Sin tener en cuenta las limitaciones de minimis, el impacto directo de este último ejercicio hubiera sido de 5,4 millones de euros, la cifra más alta de los últimos años y, en cambio, ha sido el menor de todos, 3,1 millones», se indica. Hay 31 empresas afectadas por la ley de minimis en Balears en 2019 y han perdido 500.000 euros en subvenciones por el transporte marítimo de mercancías. Por ello, la Cámara de Comercio pide que la bonificación al transporte de mercancías no sea considerada una ayuda estatal y, por consiguiente, no esté sujeta a la regla de minimis.

El Gobierno central ha solicitado a la Comisión Europea que modifique el reglamento de minimis para aumentar el límite de 200.000 euros y en marzo de este año se pidió con una prenotificación que el reglamento no aplique a estas ayudas. Ninguna petición ha tenido respuesta todavía. La estrategia es ahora tratar de influir en el futuro reglamento de minimis, a partir del primer trimestre de 2022. En 2020 se modificó la regla de minimis hasta un tope de 800.000 euros para incluir los créditos ICO, que se consideran ayudas estatales, informan fuentes de la Cámara de Comercio. Está en el aire qué pasará en 2021. Lo que es seguro es que la ley de minimis también se aplicará a los fondos europeos Next Generation. Por lo tanto, las empresas que llegan al tope quedarán excluidas de poder solicitar ayudas.