Por otra parte, la falta de datos y estadísticas oficiales sobre precios medios de alquiler de vivienda no permite dilucidar la magnitud del problema, de manera que para encontrar esta información es necesario acudir a portales inmobiliarios que reflejan el precio de la oferta, pero no de la renta final por la que se alquila una vivienda. Pese a ello, la exclusión residencial es un problema patente. El aumento de los precios se está dando en zonas y barrios completos, por lo que encontramos que las familias que tienen que dejar su vivienda, en ocasiones se ven obligados también a dejar sus barrios, lo que implica abandonar su red social, familiar, centro de salud, centro escolar, etc., con las implicaciones que ello tiene en los determinantes sociales de la salud. Además, estas familias, que cambian de domicilio a otras zonas más asequibles ejercen a su vez presión sobre otros hogares que habitaban en estas zonas, que a su vez también aumentan de precios, quedando muy pocas alternativas habitacionales para las personas en una situación de mayor vulnerabilidad. Y es que cuando los precios de la vivienda, especialmente los del alquiler, aumentan, muchos colectivos resultan excluidos y, por ende, se dificulta la movilidad laboral. En la jornada ‘Accés a l’habitatge de les famílies en situación d’exclusió social: avançant en polítiques de consens’, organizada por EAPN-España y EAPN-Illes Balears en el Parlament, en el que asistieron todas las formaciones políticas del arco parlamentario, se hizo evidente la preocupación sobre la emergencia habitacional en que está inmersa el Archipiélago y se puso de relieve que el porcentaje de vivienda pública en Balears está muy por debajo de lo que debería y muy alejado de las ratios de otras zonas de Europa. Así pues, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge debería multiplicar por tres el parque de VPO, dado que 8.154 personas están en lista de espera. Durante la jornada, en la que asistieron tanto actores políticos y económicos, como representantes el tercer sector, se debatieron una serie de propuestas que podrían aliviar el problema, como que las viviendas promovidas por fondos públicos deberían tener titularidad pública permanente para evitar la deriva a la privatización y la pérdida de recursos públicos y de uso público o que las viviendas promovidas bajo algún régimen de protección deberían conservar su calificación, de forma que siempre sean susceptibles de resolver necesidades de alojamiento de los colectivos en situación o riesgo de exclusión.
En este contexto, dado que el incremento de los precios del mercado de la vivienda ha sido particularmente intenso en Balears, hoy más que nunca se hace necesario la cooperación de todas las administraciones responsables de las políticas sectoriales relacionadas con el ámbito de la vivienda desde una perspectiva integral, y potenciar la colaboración entre sectores, con implicación activa del tercer sector de acción social y no solo de los operadores con ánimo de lucro, tal como se ha ido haciendo hasta la fecha, con el objetivo de coordinar actuaciones para la garantía de acceso a vivienda adecuada de toda la ciudadanía.
