La Cámara de Comercio de Ibiza organizó una mesa redonda para dar a conocer a los posibles afectados las modificaciones del reglamento de Costas. | Daniel Espinosa

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El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 2 de agosto la modificación del reglamento de Costas que, entre otros puntos clave, redefine lo que se considera zona de dominio público «con la posibilidad de plantear nuevos deslindes para incrementar nuevas incorporaciones al espacio público», según explica Juan Guasch, presidente de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, quien precisa que esta reforma tendrá una «enorme incidencia sobre las propiedades privadas y sobre el uso en general de zonas cercanas a las costas, con evidente afectación sobre múltiples negocios». En este sentido, desde la Cámara de Comercio afirman que, además de particulares, varios hoteles de Eivissa verán afectadas «parte de sus terrazas y piscinas», así como establecimientos de restauración «que perderán un buen número de mesas y verán reducido su espacio de ocupación. Incluso, asistiremos a la desaparición de algunos chiringuitos de playa en Eivissa, a los que la nueva ley afectará de lleno», augura el presidente de la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera. En total, esta patronal calcula que podrían verse afectadas unas 800 empresas de la mayor de las Pitiüses.

Para intentar aportar luz a la incertidumbre generada por esta modificación, diferentes expertos explicaron en Eivissa algunos de los principales cambios. En este sentido, José Antonio García Trevijano, doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, explicó que con el nuevo reglamento todas las dunas se considerarán dominio público ya que el objetivo de la reforma es, precisamente, aumentar el espacio de domino público. Además, el nuevo texto legislativo elimina la exclusión del dominio público de los terrenos inundables, redefine el concepto de temporal para definir nuevos deslindes y dificulta aún más la implantación de nuevos usos y construcciones en suelo urbano de dominio público. En cuanto a la cuestión de qué es un temporal, el texto legislativo que había estado vigente hasta el 2 de agosto establecía que la línea de deslinde quedaba marcda por la zona máxima que alcanzaba una ola en cinco ocasiones y con la modificación de este pasado verano únicamente será necesario que llegue una única ola una vez.

El hecho de que esta modificación del reglamento de Costas se haya aprobado el 2 de agosto ha generado mucha incertidumbre en las Pitiüses. Por ello, se ha creado la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza, una agrupación nacida para «dar luz a este problema», según explica Aixa Torres, presidenta. La propia Torres está viviendo en primera persona la desesperación que significa tratar con Costas. Ella tiene un negocio familiar de apartamentos y un restaurante-cafetería desde el año 1972. Siempre han contado con todos los permisos tanto del Ajuntament d’Eivissa como de la Demarcación de Costas, pero la situación cambió hace dos años. El año pasado les notificaron que la concesión de la terraza del restaurante-cafetería estaba caducada y que no podíamos abrir. «Si lo hacíamos, nos exponíamos a multa. Fue muy duro porque salíamos del covid y queríamos trabajar. De 16 empleados que tenía en plantilla me quedé con dos fijos discontinuos», precisa. Torres recurrió esta decisión por la vía judicial, pero aún no ha obtenido respuesta. Tras conocer la modificación del reglamento de Costas de este pasado verano fue cuando empezó a organizarse y buscar apoyos de más gente afectada.

«Para mí, lo peor es que con la entrada del nuevo reglamento todos los procedimientos que están en curso en la actualidad ya pasan por esta nueva normativa. Si no nos han contestado, si en 32 años que lleva la Ley de Costas vigente han dado concesiones que se pueden contar con los dedos de una mano, ¿qué va a pasar a partir de ahora? El panorama es muy incierto», explica la presidenta de esta asociación, quien recuerda que no solo están afectados grandes grupos de restauración u hoteles sino también muchas pequeñas y medianas empresas. Hasta el 2 de noviembre se podrán presentar alegaciones al nuevo texto legislativo de Costas y desde la Cámara de Comercio Pitiusa prevén numerosas reclamaciones.