Sin embargo, hay mucha gente que cuando se juega el dinero en operaciones aparentemente menos arriesgadas, pero con riesgo evidente para cualquiera que no sea el afectado, acude inmediatamente al estado para que le resarza de sus pérdidas.
Algunas veces pueden tener razón, como cuando las preferentes en la salida a bolsa de Caja Madrid, por abuso de confianza de la persona que debería cuidarse de proteger sus ahorros y por la obligación de supervisión del Banco de España, lo que derivó en responsabilidad subsidiaria del estado, pero en general han perdido dinero por su propia avaricia.
En España sobran los ejemplos relativamente recientes: el primero que saltó destacado a los medios fue el de la inmobiliaria Sofico; luego vinieron Afinsa y Forum Filatélico: una buena parte de los afectados, reclamaron judicialmente al Estado, sin éxito, la recuperación de lo perdido por la teórica negligencia en la supervisión de las entidades correspondientes. Algo parecido sucedió con Gescartera, Gowex, y antes con los pagarés de Nueva Rumasa. Normalmente se trata de las llamadas estafas piramidales. Todos ellos ofrecían rentabilidades muy por encima de lo habitual en el mercado, lo que hizo sospechar a los inversores experimentados y picar a los ingenuos o mezquinos.
El próximo revolcón se lo pueden llevar los inversores en las llamadas criptomonedas, según advierten repetidamente los expertos. Esperemos que el estado no les haga caso si acuden a quejarse cuando la bomba explote.
Todavía quedan listillos que no quieren aprender las dos normas básicas de la inversión: si el interés que te ofrecen es muy superior al del mercado y no entiendes claramente de que va el asunto, escápate. Y si no te escapas no esperes que los demás paguemos por tus errores, pues el estado paga con el dinero de nuestros impuestos.
