El colectivo médico que trabaja en los Servicios Públicos de Salud está en pie de guerra. ¿El motivo? El borrador del nuevo Estatuto Marco que ha presentado el Ministerio de Sanidad, destinado a reformar una ley con más de 20 años de vigencia que, sin duda, necesita adaptarse a la realidad actual del sistema sanitario. Este Estatuto Marco tiene como objetivo regular la relación laboral de los profesionales que prestan servicios en los diferentes Servicios de Salud del país, afectando directamente a unos 177.000 médicos en toda España, de los cuales alrededor de 4.100 ejercen en nuestra comunidad.
Sin embargo, el contenido del borrador ha generado un profundo malestar entre sindicatos profesionales, asociaciones y sociedades científicas que representan a los profesionales médicos, tanto de atención primaria como especializada, así como a los médicos residentes (MIR). Entre las medidas más polémicas se encuentran las relacionadas con la regulación de horarios de trabajo y guardias, que en muchos casos no se verán adecuadamente remuneradas. Asimismo, se propone prohibir a los jefes de servicio compatibilizar su labor en el sector público con el ejercicio privado, una práctica hasta ahora generalizada. Además, se plantea obligar a los MIR a trabajar exclusivamente en el sector público durante los cinco años siguientes a la finalización de su formación, una medida que, tras el fuerte rechazo generado, parece estar en proceso de reconsideración.
Los médicos también reivindican el reconocimiento de su largo proceso formativo, que se extiende hasta 11 años, y consideran que éste debería traducirse en un estatus laboral diferenciado, distinto al de otros colectivos de titulados. Estas tensiones ya se han materializado en algunas huelgas y, previsiblemente, el conflicto irá en aumento.
El problema de fondo radica en que, para la elaboración del borrador, el Ministerio parece haber priorizado una visión ideológica de un sistema sanitario de provisión y recursos exclusivamente públicos, en detrimento de una visión puramente técnica que contemple la realidad del sector. Aunque la universalidad, la equidad y la accesibilidad son y deben seguir siendo principios fundamentales y básicos de nuestro modelo, ello no debería excluir la colaboración público-privada, que aporta flexibilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.
Desde mi perspectiva, imponer la exclusividad tanto a los responsables de servicio como a los egresados MIR en un contexto como el actual, solo generará tensiones innecesarias. Más probable aún, en una comunidad insular como la nuestra, que ya enfrenta desafíos específicos como el alto coste de vida, esta medida podría reducir la disponibilidad de profesionales, provocando escasez y fomentando la fuga de talento. En definitiva, estaríamos comprometiendo la calidad de la atención a nuestros pacientes.
