Rebelión de ‘rent a cars’ y navieras en Eivissa

Baleària y la patronal Baleval recurren la aplicación de la ley que limita la entrada y circulación de vehículos. La CNMC insta a aumentar la cuota

Vehículos recién desembarcados esta semana en los muelles de es Botafoc del puerto de Eivissa | Foto: Arguiñe Escandón

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Desde el pasado 1 de junio, los turistas que quiera circular por Eivissa con su propio vehículo deberán conseguir una de las 4.168 autorizaciones diarias que otorga el Consell d’Eivissa. Una limitación a la entrada y circulación de vehículos amparada bajo la Ley de Sostenibilidad Turística de la isla de Eivissa que entró en vigor el 1 de enero de este año y que el Parlament balear dio su visto bueno el 11 de noviembre de 2024 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox.

Una normativa que tiene como objetivo «corregir una situación insostenible que se estaba dando en nuestra isla», apunta el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, donde en los últimos 25 años tanto el número de vehículos de residentes como el de turistas que viajan con su vehículo «ha crecido de manera exponencial, con un grave impacto social y ambiental que era necesario corregir para evitar la congestión de nuestras carreteras, y la proliferación de aparcamientos en zonas no habilitadas». Concretamente, en el año 2001 llegaron a la isla pitiusa 51.000 vehículos frente a los 207.000 contabilizados hace tres años.

La institución ibicenca también ha establecido una tasa de un euro diario que tendrán que abonar los turistas que accedan con su vehículo a la isla tras haber conseguido la autorización. Una tarifa que se bonificará al 100% a los residentes en las Balears. Del cupo de 4.168 vehículos, el Consell d’Eivissa ha reservado 120 plazas diarias para residentes en Formentera. En un primer momento, la reserva para los formenterenses era de 60 vehículos, pero las alegaciones del Consell de Formentera hicieron que la cuota finalmente se duplicara.

Los otros que también deberán obtener una autorización son los propietarios de caravanas y autocaravanas. En este caso, además, deberán acreditar que tienen plaza en uno de los cinco ‘campings’ autorizados que hay en Eivissa y que suman un total de 200 plazas. La intención del Consell d’Eivissa es evitar que este tipo de vehículos estén aparcados en zonas rústicas, con el consiguiente peligro que suponen para el medio ambiente. La falta de pisos de alquiler a precios asequibles ha provocado que muchos ciudadanos hayan optado por vivir en este tipo de vehículos ante la imposibilidad de acceder a una vivienda. En este sentido, los ayuntamientos ibicencos han previsto batidas contra las caravanas aparcadas en suelo rústico, que está prohibido por esta ley bajo sanción de 30.000 euros.

RENT A CAR. El Consell d’Eivissa también ha puesto una cuota a las empresas de ‘rent a car’, que tan solo podrán alquilar 16.000 vehículos esta temporada turística. Una cifra superior a los 12.000 que el sector deslizó. En las reuniones previas mantenidas con el sector del alquiler de vehículos sin conductor, el Consell d’Eivissa fue incapaz de que las empresas concretaran el número de vehículos real que cada verano desembarcaba en la isla. Sin embargo, a la hora de la verdad, la institución insular ha recibido más de 27.000 solicitudes. El Consell d’Eivissa asignó la cuota de 16.000 vehículos entre las 74 empresas solicitantes, de las que el 56% consiguieron el 100% de los vehículos que pidieron.

La ordenanza fiscal aprobada por el Consell también establece la tarifa que tendrán que pagar las empresas de ‘rent a car’ y que irá en función de la cuota de vehículos adjudicados. De esta manera, las empresas que tengan una flota de entre cero y 100 vehículos deberán pagar 100 euros para toda la temporada de verano. La tarifa para los ‘rent a car’ que tenga adjudicados entre 101 y 150 vehículos pagarán 200 euros, mientras que a los que se les haya adjudicado entre 151 y 450 vehículos deberán abonar 750 euros. Una tarifa que se duplicará para las empresas de alquiler de vehículos que tengan entre 451 y 900, que pagarán 1.500 euros. Por último, los ‘rent a car’ que tengan adjudicados más de 900 vehículos abonarán la tarifa de 1.500 euros más 61 euros «por cada vehículo que supere los 900 adjudicados». Cabe recordar que las empresas navieras, que son las que llevan a cabo el transporte de vehículos a motor, serán las encargadas de «la gestión directa del cobro al viajero, por cuenta de la administración competente» de estas tasas.

OPOSICIÓN. Tanto la naviera Baleària como la patronal balear de alquiler de vehículos Baleval han presentado sendos recursos judiciales para paralizar de forma cautelar la aplicación de la ley de limitación a la entrada de vehículos en Eivissa, que han sido rechazados por la Justicia, por lo que el Consell ha ganado la primera batalla en los tribunales. No obstante, la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) ha instado a la institución insular a otorgar más autorizaciones a las grandes empresas de ‘rent a car’ como paso previo a la presentación de un recurso judicial.

En los primeros diez días desde la activación de la página web para solicitar las autorizaciones, el Consell d’Eivissa ha otorgado un total 1.265, 1.049 de las cuales corresponden a autorizaciones generales, 20 para autocaravanas no residentes, 140 para residentes de Formentera y 56 para residentes en Mallorca y Menorca. Además, ha otorgado 799 acreditaciones, de las que 622 corresponden a propietarios de vehículos con segunda residencia en Eivissa, 152 para residentes baleares por razones laborales, 24 para vehículos de Formentera en tránsito y 11 para movilidad reducida. En total se han emitido 2.064 acreditaciones y autorizaciones.

CONTROL. Para el cumplimiento de esta norma el Consell cuenta con dos cámaras de control de acceso en el puerto de Eivissa que registra todas las matrículas de los vehículos que acceden y que inicia el procedimiento automático de sanción si es necesario. Además, se dispondrá de cámaras móviles que utilizarán los servicios de inspección de Transportes del Consell en colaboración con las policías locales, para realizar controles aleatorios, y próximamente se firmarán convenios de colaboración con los ayuntamientos para utilizar sus cámaras municipales en las tareas de control del cumplimiento de la ley. Por último, se está trabajando en la licitación de 25 cámaras distribuidas por toda la isla para monitorizar el tráfico en la red viaria insular en tiempo real.