Nuevo contencioso contra el reglamento del ‘decreto Nadal’

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Actividad. El decreto simplifica los trámites en materia turística - Archivo

06-11-2015

El reglamento del 'decreto Nadal' ha hallado un nuevo obstáculo en los tribunales, con la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Balears.

La impugnación del Decreto 60/2009 por parte de este colectivo profesional, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears, se suma al litigio iniciado por el Consell insular en diciembre de 2009, al considerar que el reglamento invade competencias propias de la institución.

Un argumento este último que fue avalado por el Consell Consultiu de Balears, mediante un dictamen emitido en julio del año pasado -cuando la normativa estaba en fase de elaboración-, según el cual el decreto que unifica y simplifica los trámites en materia turística colisiona con la potestad reglamentaria de despliegue de la legislación turística, atribuida a los consells insulars.

El Decreto 60/2009 fue aprobado por el Govern para desarrollar y aplicar el Decreto ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en Balears, el llamado 'decreto Nadal, y además de la simplificación de trámites administrativos contempla además el sistema de declaración responsable del inicio de una actividad económica, empresarial o profesional, en los casos en los que dicha actividad esté sometida a licencia previa.

El recurso contencioso presentado por los ingenieros industriales ha sido comunicado ya a la Conselleria de Turismo del Govern, la parte demandada en este nuevo pleito contra el decreto 60/2009.

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Balears, Alfredo Arias Berenguer, tiene previsto trasladarse este viernes a Menorca para mantener una reunión con responsables del gobierno insular y tratar la impugnación del reglamento del 'decreto Nadal'.

Desde la entidad colegial avanzaron ayer su intención de reunirse con representantes de las instituciones menorquinas para discutir la aplicación de la nueva normativa, aunque no explicaron los fundamentos en los que se basa el recurso contencioso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia.

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