Carles Manera, Francesc Antich y Francesca Vives, durante el acto de clausura de la cumbre.

TW
0

Los territorios insulares de la Unión Europea suscribieron hoy en Palma una declaración en las que exigen a la Comisión Europea la asignación de incentivos económicos proporcionales a las "múltiples desventajas" que supone no formar parte del continente, con el fin de asegurar así "unas posibilidades de desarrollo más equiparables al del resto de territorios europeos".

Así se recoge en el documento, denominado 'Propuestas de mejora para el tratamiento de los territorios insulares en el marco de la política regional europea', que fue acordado en la cumbre 'El reconocimiento de la insularidad en la política regional europea', celebrada en la capital balear y presidida por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y el presidente del Ejecutivo balear, Francesc Antich.

Precisamente, Antich fue el encargado de leer los seis puntos del citado documento, dirigido a mejorar la actual situación de los territorios insulares de la UE y mediante el cual se reclama que el reconocimiento de la insularidad por la política regional europea y otras políticas comunitarias debe ir acompañado por la aceptación de que las "desventajas de la insularidad suponen un coste".

Desde esta perspectiva, el informe recuerda que la mayoría de las islas europeas se caracterizan, además de por su insularidad, por ser regiones periféricas, situadas en las fronteras externas de la UE, de manera que "están expuestos con frecuencia a los riesgos inherentes a su ubicación, como la proximidad a zonas de conflicto; inmigración irregular o tráficos de diferentes tipos y exposición a la contaminación marina de origen accidental o intencionado.

De este modo, el documento remarca que si la UE inicia una política de cohesión territorial que contribuya a su prosperidad de los territorios insulares y al mantenimiento de la población, "contribuirá a reforzar la seguridad de sus fronteras y, por tanto, su propia estabilidad".

Por otra parte, reclaman que se destinen proporcionalmente más medios a los proyectos de redes transeuropeas de transporte, comunicación o energía que conciernan a las regiones insulares, teniendo en cuenta que el Tratado de Lisboa "subraya la necesidad de mejorar los enlaces entre las regiones periféricas e insulares y los territorios centrales de la UE".

Asimismo, solicitan que se utilicen nuevos indicadores y datos estadísticos "más pertinentes" a la hora de definir la elegibilidad de las regiones en el marco de los objetivos establecidos en la Política Regional, ya que el hecho de que sólo se haya tenido en cuenta hasta ahora el PIB como criterio resulta "inadecuado para poder entender de una manera satisfactoria la realidad de los territorios insulares".

Así, indican que los nuevos criterios más territorializados que se tengan en cuenta deberían proporcionar una "imagen estadística bien definida del nivel de desarrollo de las islas y una comprensión satisfactoria de las regiones con desventajas geográficas permanentes".

Por otro lado, piden la creación de un marco integrado (político, jurídico y financiero) para tratar la situación de las islas europeas, teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene características diferentes y, por tanto, "no pueden aplicarse exactamente las mismas medidas y soluciones a todas ellas sin tener en cuenta su dimensión geográfica o demográfica; el aislamiento; la disponibilidad de recursos naturales; el clima o incluso su historia o contexto político".

A nivel comunitario, las regiones insulares consideran que un primer paso hacia el enfoque integrado podría ser la creación dentro de la Comisión Europea de un 'grupo interservicios' para las islas o, en general, para los territorios con desventajas geográficas o demográficas graves y permanentes.

Cooperación transfronteriza

Finalmente, exigen que se elimine cualquier tipo de criterio de distancia, a partir del cual, las regiones pueden ser elegidas para la cooperación transfronteriza, dentro del Objetivo de Cooperación Territorial de la Política Regional.

En este sentido, critican que se ha establecido un criterio de distancia máxima de 150 kilómetros entre las fronteras regionales marítimas para poder acceder a la cooperación transfronteriza, lo que ha provocado que algunos territorios insulares hayan quedado excluidos y no hayan podido presentar proyectos de cooperación transfronteriza.

"Estas limitaciones no tienen en cuenta que el mar es una barrera natural que separa territorios con independencia de la distancia que haya entre ellos", indican las regiones insulares en el citado documento, que fue leído por Antich en la clausura de la mencionada cumbre, celebrada en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea durante el primer semestre de este año.